• Zair Mundaray es abogado de la UCV, especialista en criminalística y en derecho penal de la Universidad Santa María. En 1998, ya contaba con 23 años de experiencia en la administración de justicia.
• Ingresó por concurso al Ministerio Público en el 2000, como Fiscal Auxiliar. Estuvo al frene de la Dirección General de Actuación Procesal, la Dirección de Delitos comunes, Dirección contra la Corrupción, encargada de delitos contra el patrimonio público y algunos vinculados con lavado de activos, la Dirección de Derechos Fundamentales encargada de la investigación y procesamiento de funcionarios públicos vinculados con la violación de Derechos Humanos (DD. HH.) y la Dirección de Protección al Ambiente.

«La investigación contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos tiene más de una década y es poco probable que no haya solidez probatoria». Así lo aseguró Zair Mundaray, especialista en crimen organizado transnacional, al analizar los cargos por los que se les acusa, vinculados al narcotráfico, narcoterrorismo, uso y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y sumándose conspiración para cometer tortura contra militares y estadounidenses en Venezuela.

Alega, que para las víctimas de violación de Derechos Humanos (DD. HH.) y para el derecho internacional, es un «logro» que la Fiscalía de Estados Unidos visibilice la persecución y torturas contra disidentes políticos en Venezuela, y la manera en cómo han actuado el Poder Judicial y los órganos de inteligencia, como la Dgcim y el Sebin.

Sobre el levantamiento de las sanciones financieras a Delcy Rodríguez, presidente encargada de Venezuela y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN), considera que obedece a «pragmatismo económico de EE. UU., para atraer inversiones».

Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon no culpables de los cinco cargos federales de los que se les acusa en Nueva York. ¿Qué etapas se abren con esta declaración en el sistema de justicia estadounidense?

Esto es un triunfo del derecho internacional y de las víctimas que se atrevieron a llevar esta situación ante los jueces y ante la Fiscalía de los EE. UU. y el Departamento de Justicia…Es un triunfo que se haya visibilizado esto, sobre todo porque uno de los sinsabores que dejaba las imputaciones contra Maduro es que se referían sólo al tema de narcotráfico y narcoterrorismo, y eso invisibiliza a las víctimas, no colocaba en el centro de sus acciones la situación de DD. HH. en Venezuela. Ahora este tema está en el epicentro.

¿En qué se basa el derecho internacional para que Estados Unidos pueda juzgar un delito de tortura cometido en Venezuela?

En la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, una norma de Naciones Unidas, que en su artículo 5 dice, que los Estados tienen derecho a reclamar la jurisdicción independientemente de donde haya ocurrido el hecho. Siempre que el señalado de la tortura, cooperador, autor o conspirador se encuentre en suelo estadounidense. Esta norma se replica en la Ley Federal contra la Tortura de Estados Unidos, que nace con el interés de perseguir a personas o grupos que hayan ejecutado torturas inicialmente contra miembros militares o funcionarios estadounidenses fuera de su frontera, pero que en este caso, se ha extendido, porque empieza por ciudadanos americanos que se mantuvieron detenidos y que fueron torturados en Venezuela, pero cuando uno lee a profundidad la acusación, menciona a otras personas que son venezolanos y que fueron víctimas de torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes.

De ser juzgados, ¿cuánto tiempo podrían permanecer en la cárcel Maduro y Flores?

Los cargos de narcoterrorismo son cuatro y al menos tres tienen cadena perpetua. Y en el caso de terrorismo o tortura, las penas pasan de 40 años. Pero si alguna persona muriera por la tortura o como consecuencia; es decir, que puede haber ocurrido de manera posterior, entonces la pena podría ser cadena perpetua…Es difícil en derecho anticiparse, pero desde mi perspectiva, Maduro no sale de la cárcel nunca por la cantidad de cargos que son casi una sentencia de por vida. Y en el caso de Cilia Flores, que tiene un poco más de maniobra, también es difícil porque hay unos señalamientos muy concretos y que además se van a ir agravando en la medida que haya otras víctimas vinculadas con el sistema de justicia, porque ella controlaba plenamente el sistema de justicia venezolano y eso la lleva a ser copartícipe de estos delitos.

¿Por qué este caso ha tenido diferimientos sucesivos?, ¿cuál es la estrategia jurídica y técnica que está aplicando la defensa de Maduro y Flores para dilatar los plazos?

Cuando hay acusaciones por delitos que han ocurrido fuera del territorio de los Estados Unidos, y en el caso de Maduro casi todos los hechos han ocurrido fuera, a pesar de que han tenido consecuencia a lo interno de EE. UU., la defensa tiene el derecho de hacer su propia investigación. Por eso tiene peritos, expertos, busca testigos, hace su propia investigación espejo para tratar de contrariar los elementos que ya tiene la Fiscalía. Por eso los plazos son largos, si se le impide eso, se puede declarar la nulidad del juicio.

En cuanto a los nuevos cargos de tortura y represión, ¿cómo puede la defensa rebatir esos cargos?

Creo que los cargos de tortura son tal vez los más difíciles de rebatir y generar una estrategia defensiva, porque no hay duda que las personas fueron detenidas ilegalmente, que fueron torturadas. Está documentado por peritos, expertos, desde el punto de vista médico legal, psicológico, etc. Hay testigos e incluso personas que por la narración de la acusación, seguramente es probable que sean torturadores o testigos de la Fiscalía, porque ellos narran algunas reacciones que tuvo Maduro de manera directa cuando le contaban sobre lo que estaba ocurriendo y esas reacciones solamente puede describirlas alguien que estuvo allí en el momento de los hechos.

¿Tiene la Fiscalía de EE. UU. la solidez probatoria y la cadena de custodia para sostener estos cargos de narcoterrorismo?

Los fiscales federales que llevan este tipo de investigaciones, cuando no lo tienen o no es suficiente, o tienen dudas, generalmente o retiran el cargo o lo manifiestan para poder alargar y seguir acopiando información. El hecho de que llevaron detenido a Maduro a EE. UU. el 3 de enero, es un indicativo de que tenían todos los elementos y el caso está listo. El sistema de justicia en este tipo de casos transnacionales, el margen de absoluciones es mínimo. Esta investigación tiene más de una década, es muy poco probable que no haya solidez probatoria. De hecho, cuando uno se percata de cómo están narrados los hechos, se da cuenta que hay muchos delatores; es decir, personas que estaban en el círculo íntimo y que han sido copartícipes de esos delitos. No olvides que por algo al ‘Pollo’ Carvajal, por ejemplo, no le han impuesto la pena. También tienen a Clíver Alcalá en EE. UU., y en parte de la acusación de narcoterrorismo, cuando hablan de un narcotraficante a gran escala y que dice que trató con ellos, es obvio que es un narcotraficante que ya está condenado porque se le puede decir narcotraficante.

¿Por qué fue rechazada la solicitud de Cilia Flores para pasar a prisión domiciliaria?

Porque ya Cilia y Maduro saben en parte quiénes son los testigos en su contra. Esa es una de las razones por las cuales a Cilia Flores no le dan una detención domiciliaria. No sólo por el peligro de fuga, la Fiscalía explicó que había un peligro para la integridad de la prueba y eso es porque ella afuera podía contactar, sobornar testigos e incluso mandarles a hacer daño. Estamos hablando de una situación de alta peligrosidad. Y vale la pena además recordar acá algo: En estos días vimos una exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), (Bárbara César Siero), que hizo una declaración en torno a que fue coaccionada con el secuestro de sus hermanos para firmar una sentencia. Ese elemento es un gran argumento para los fiscales de EE. UU. La detención y tortura de uno de los hermanos César Siero, militar, está en la acusación por tortura. En las 29 páginas dice claramente que un militar fue torturado para forzar a una alta juez a firmar unas inhabilitaciones contra políticos. Por eso, el juez Alvin K. Hellerstein consideró decir: ‘esta gente es tan peligrosa, que yo no le puedo dar ninguna medida de detención domiciliaria’.

El 17 de noviembre, Maduro y Cilia tienen otra audiencia y tiene que ver con si tienen o no inmunidad, ¿será para los fiscales uno de los argumentos más difíciles de probar?

Creo que eso es un argumento que está condenado a fracasar. Porque los jueces no están llamados a decir quién es presidente o no… En el caso de Maduro, la inmunidad le viene por el ejercicio supuesto de la presidencia. Y Estados Unidos dice: ‘No es presidente’. Constitucionalmente, las relaciones internacionales y el reconocimiento de mandatarios le corresponde al Departamento de Estado a través de instrucciones del presidente de la República.

Hay personas que asemejan este caso con el de Manuel Antonio Noriega en Panamá. ¿Usted qué opina?

Diría que este es más grave. Noriega había cooptado el Estado, pero todas las instituciones no hacían parte de la estructura criminal y eso lo tenía absolutamente claro Estados Unidos, de modo que sacado Noriega y sustituido el poder, Panamá se normalizó porque había instituciones, jueces, fiscales, gobernadores, alcaldes, poderes públicos que funcionaban. Noriega era narcotraficante con una pequeña cúpula. Pero el caso de Venezuela es mucho más complejo. El país ha tenido suficiente dinero para incidir en el resto de las democracias, financiar a través del narcotráfico a grupos armados, eso no lo hizo Noriega. En las acusaciones salen claramente: hay vinculación con la articulación política para tratar de darle fuerza a la FARC y al ELN y darle fuerza a las guerrillas, es buscar tumbar el gobierno de Colombia.

El 14 de octubre, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), retiró las sanciones financieras a Jorge Rodríguez. En abril ya había retirado las sanciones financieras contra Delcy Rodríguez. ¿Qué lectura jurídica y política deja esto, que queden fuera de la lista de sancionados por EE. UU.?

Lo que está ocurriendo es la consecuencia lógica del llamado que está haciendo EE. UU. a invertir en Venezuela. Esto es parte de la primera fase que es la estabilización económica. Tú no puedes pedir a transnacionales que vayan a un país a invertir donde la presidente y quien está a cargo del Parlamento estén sancionados. Desde mi perspectiva, los primeros que deben haber planteado esto son las transnacionales. Esto es meramente pragmatismo económico.

Pero se podría creer, abogado, que Delcy Rodríguez y su hermano estarían colaborando con Estados Unidos, porque han extraditado a Alex Saab, a Álvaro Pulido Vargas el fin de semana y pues eran personas que estaban en Venezuela. Ya Alex Saab se ha declarado culpable de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras. Álvaro Pulido Vargas estaba en una cárcel en Caracas desde 2023. ¿Esto está vinculado con el levantamiento de las sanciones a los hermanos Rodríguez?

Esto está vinculado con que no pueden hacer otra cosa. Si tu pregunta es que están colaborando, por supuesto, no tiene cómo resistir que les digan, «Hay que entregar a fulano.» Porque fíjate, no son extradiciones y eso ahí el lenguaje cuenta.

El lenguaje es importante, porque cuando tú dices extradición, el único que acuerda una es el Poder Judicial en Venezuela. Tendría que haber hecho una petición formal y que lo acordara la Sala Penal. Aquí nadie hizo una petición formal, solamente los entregaron. ¿Y quién entrega? El ejecutivo. Así que están en un pleno proceso de colaboración.

Tanto es así que están colaborando, que me quitas las sanciones para yo poder seguir avanzando en lo que tú me estás ordenando, porque hay cosas que no puedo hacer mientras estén sancionado. Eso es un signo más de la colaboración, no la consecuencia. Pero es que además entregaron a un a un tercer sujeto que es «alias el ingeniero». Eso pasó muy desapercibido. Él estaba en la lista de los 10 más buscados del FBI. Se lo llevaron sin procedimiento de extradición y ese es venezolano por nacimiento. Tal vez el impacto de Alex Saab y Álvaro Pulido, este no es tan grande porque no son venezolanos de nacimiento, pero ambos eran venezolanos por naturalización. Con lo cual tenía que haber habido un proceso así sea extranjero, tendría que haber habido un proceso y no hubo proceso, sino simplemente los entregaron.

Esto abre las puertas para que esto le pase a cualquier otro sin importar la nacionalidad y vaya que hay gente de la cual Estados Unidos tiene interés. Está Tareck El Aissami, está Samark López. Fíjate que Samark López está en la misma causa de Álvaro Pulido. Está exactamente en el caso PDVSA Cripto, está en el juicio.

Es tanto la situación tan caótica de desde el punto de vista legal que el juicio continuó el miércoles 14 de octubre, y la juez dictó un auto separando a Álvaro Pulido de la causa porque fíjense que ni siquiera fue notificada, dice, es un hecho público, notorio y comunicacional que Álvaro Pulido ya no está en Venezuela. Razón por la cual se decreta la separación de él de la causa y se le da continuidad al juicio con el resto de los que están. Entonces, imagínate que ni siquiera hubo ni ni la delicadeza de enviarle un oficio formal de decir: «Este sujeto que tú estás procesando ya está fuera, ya se lo llevaron.» Con lo que además, esto es un tema legal pero tal vez muy denso, pero se puede simplificar así:

Cuando un país está procesando a alguien y alguien lo pide en extradición formal, existe un principio de soberanía en la ley penal. Entonces, tú terminas tu juicio, la persona termina su pena y yo te lo entrego de manera diferida, es decir, no se entrega de manera inmediata.

Tanto Bloomberg como el diario ABC de España, han sacado investigaciones que señalan que las próximas extradiciones podrían ser el exministro del Petróleo Tareck El Aissami y el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia Maikel Moreno…Al parecer Estados Unidos también estaría solitando a Raúl Gorrín; Samark López; Walter Gavidia Flores y Pedro Luis Martín Olivares, entre otros. ¿Qué cree usted que pasen con este caso considerando que el artículo 69 de la Constitución prohíbe la extradición de venezolanos?

¿Qué va a pasar? Que esto va a seguir. Esta puerta se abrió. En la medida en que se esto se inició no hay ninguna razón para que se detenga. Y ¿cuál es el orden? El orden que diga el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de EE.UU en acuerdo. ¿Por qué? En la medida en que esto contribuye a acabar con la estructura criminal. Esencialmente es eso. Decir, Álvaro Pulido cualquiera diría es un segundón del tema, ¿por qué Álvaro Pulido?. Bueno, porque Álvaro Pulido se queda con dos cargos. El cargo inicial que era el cargo que tenían a a Alex Saab, que era el tema de las viviendas por 350 millones y el segundo cargo que es el tema CLAP. Pero es que Álvaro Pulido mientras Alex Saab estaba preso se incursionó en el negocio petrolero. Y después que incursionó en el negocio petrolero tiene los secretos de todos los que vendieron petróleo por fuera de las sanciones. Y los fiscales dicen: tráelo para acá, a mí no me importa condenarlo a él a 10 a 20 años, a mí no me importa ese tipo, lo que me importa es lo que sabe. Siéntate y llega un esquema de colaboración y veme diciendo, «Entonces, ya yo hago todo esa ficha pero abro cuatro o cinco más y entonces voy forzando, estableciendo los procesos, digo, «Bueno, ahora me ahora me sirve y que pase el siguiente, y que pase el siguiente.» Así se trabaja generalmente delincuencia organizada transnacional.

Los fiscales tienen un esquema muy grande, además, una mala noticia para los perseguidos y te la voy a dar en primicia en tu programa. Esto no se va a detener. ¿Por qué? porque la percepción errónea de esto es que creen que cuando cambia el Gobierno, los fiscales dejan de investigar. Eso no depende del Gobierno. El Gobierno puede cambiar y la investigación va a seguir. ¿Quieren que les dé un ejemplo? Alex Saab, fue indultado por los cargos en EE.UU. Los fiscales no dejaron de trabajar, siguieron trabajando en el segundo caso de lavado y ahora se lo trajeron y se tuvo que declararse culpable. ¿En algún momento hubo una pausa por el cambio de gobierno o el cambio de postura? no, ninguna. Un gobierno lo indultó y ahora está preso. ¿Qué pasará en el siguiente? No lo sabemos, pero los fiscales no dejan de trabajar, de modo que ellos siguen acopiando pruebas y siguen teniendo nombres. Así que eso no va a cambiar.

Zair Mundaray: «Cambiar el TSJ es decisivo»

Para el especialista en crimen organizado transnacional, Zair Mundaray, el hecho que en Venezuela, tras los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación entre el Gobierno y la Asamblea Nacional 2015, se busque cambiar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), es un paso decisivo para lograr la transición.

«Arrebatarles el TSJ es un paso decisivo para que el país entre en un ciclo de democracia, porque el chavismo no sabe gobernar sin jueces sometidos», argumentó el abogado penalista, criminalista.

«Creo que esta vez va a haber una situación bastante diferente a todo lo que hemos visto antes, independientemente de quienes integren el Comité de Postulaciones Judiciales, porque está detrás un poder que está diciendo: ‘Señores, tenemos que tener unos tribunales que sean creíbles’. Un tribunal Supremo de Justicia es creíble, cuando sus sentencias sean creíbles y no están dirigidas al tema del control político», expresó Mundaray, al considerar positivo que la mesa de diálogo comience está vez por reformar el Poder Judicial.

Sobre Zair Mundaray

Zair Mundaray es abogado de la UCV, especialista en criminalística y en derecho penal de la Universidad Santa María. En 1998, ya contaba con 23 años de experiencia en la administración de justicia. Ingresó por concurso al Ministerio Público en el 2000, como Fiscal Auxiliar. Estuvo al frene de la Dirección General de Actuación Procesal, la Dirección de Delitos comunes, Dirección contra la Corrupción, encargada de delitos contra el patrimonio público y algunos vinculados con lavado de activos, la Dirección de Derechos Fundamentales encargada de la investigación y procesamiento de funcionarios públicos vinculados con la violación de Derechos Humanos (DD. HH.) y la Dirección de Protección al Ambiente. Es profesor universitario e investigador en temas de DD. HH. y crimen organizado.

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