• Juristas y politólogos consultados consideran que tales leyes no se han traducido en acelerar la apertura económica de Venezuela.

La Asamblea Nacional 2025 ha sancionado 13 leyes en lo que va de año, pero 12 han sido publicadas en Gaceta Oficial hasta el 12 de agosto. Siete están orientadas a atraer la inversión e incrementar la producción petrolera, minera y de rubros agrícolas, como el café y el cacao. También a dar celeridad a trámites administrativos y a mejorar las condiciones para el alquiler y construcción de viviendas. Pero juristas y politólogos consultados consideran que tales leyes no se han traducido en acelerar la apertura económica de Venezuela.

Alí Daniels, abogado, defensor de Derechos Humanos y director de la ONG Acceso a la Justicia, sostiene que para que haya un verdadero cambio de la economía debe eliminarse el control de precios, que el Estado respete los derechos de los ciudadanos y de sus bienes privados, que se logre la estabilidad cambiaria y se acabe con el déficit fiscal que es una de las causas principales de la alta inflación.

“Hay un conjunto de elementos estructurales en la economía que siguen sin definirse. Por ejemplo, el Estado depredador en materia de impuestos sigue vivito y coleando. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), mantiene el mismo esquema, sólo se cambió a una persona: a José David Cabello por el ahora superintendente Román Maniglia, pero de resto no se han realizado ninguna depuración de funcionarios que forman parte del aparato represivo y extorsionador de comerciantes y empresarios”, alegó Daniels, especialista en derecho administrativo.

Argumenta que tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, el Parlamento ha reformado y aprobado leyes en tiempo récord, sin cumplir con la “consulta ciudadana” ni hacer públicos en su página web los proyectos de ley. O hay normas que se han oficializado, pero no se cumplen.

“El Poder Legislativo ha seguido la suerte del Poder Ejecutivo…Hay un tutelaje de Estados Unidos que es más evidente en unos ámbitos que en otros, como el caso de la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, publicada en Gaceta Oficial el 29 de enero, que tiene cierta flexibilidad.

Mientras que en la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, oficializada el 19 de febrero, no se ha cumplido con la liberación de todos los presos políticos”, opinó. Leyes que destacan: La primera ley aprobada este año fue la Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. El 15 de enero fue presentada por la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez; el 22 de enero fue su primera discusión en plenaria y una semana después fue sancionada.

Esta ley brinda mejores condiciones para la participación de la empresa privada en el negocio de la explotación y producción petrolera. Un sector de la economía en el que Estados Unidos ha asumido un rol preponderante. Hasta julio, Venezuela había aumentado su producción petrolera a 1,2 millones de barriles diarios (bd), según cifras de la OPEP, debido a la flexibilización de sanciones y al otorgamiento de licencias que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU., a empresas como Chevron, Maurel & Prom; Repsol y ENI. El artículo 8 de la Ley de Hidrocarburos permite que las dudas y controversias que no puedan ser resueltas amigablemente por las partes podrán ser decididas por los Tribunales de la República o mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitraje internacional.

Para atraer a capitales extranjeros, la ley permite que empresas privadas asuman “la gestión técnica y operativa” de los proyectos, algo que previamente estaba reservado a Pdvsa. En el caso de la creación de empresas petroleras mixtas (asociaciones entre Pdvsa y empresas privadas), la estatal seguirá teniendo participación del 50%, pero permitirá que socios minoritarios puedan tener el control administrativo. Además, las petroleras privadas pueden comercializar el crudo venezolano.

Desde enero, medios internacionales como Financial Times han informado que Estados Unidos asumió el control de las exportaciones de crudo de Venezuela. Washington “custodia” los fondos petroleros que se depositan en una cuenta del Departamento del Tesoro, pero no hay información pública de cuánto dinero ha sido transferido al Estado Venezolano. Hasta el mes de julio, el medio británico había estimado que las ventas de crudo venezolano ascendían a $13.000 millones, sin transparencia sobre el retorno de esos recursos al país suramericano.

En materia económica, también se oficializó el 08 de abril la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos; el 16 de ese mes la Ley Orgánica de Minas, el 13 de junio la Ley para el Fomento y la Promoción del Café y en simultáneo la Ley para el Fomento y Promoción del Cacao Venezolano. La última y más reciente aprobada, es la Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda, publicada en Gaceta Oficial el 07 de agosto.

“Ley discriminatoria”

Tras los terremotos del 24 de junio, el Parlamento 2025 aprobó una ley inmobiliaria: Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles ante la necesidad de vivienda que se registra en Venezuela, tras quedar más de 24 mil personas damnificadas. Y el 21 de agosto sancionó la Ley de Promoción y Protección de la Construcción de Viviendas que aún no ha sido publicada en Gaceta Oficial y viene a reemplazar a la Ley contra la Estafa Inmobiliaria de 2012 que criminalizaba la actividad promotora y constructora de viviendas.

Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, explicó que la nueva ley de arrendamientos de viviendas en Venezuela viene a cambiar todo lo que se hizo con la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (2011) y la Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas. Pero aclaró que ninguna de estas dos normas han sido derogadas.

“Antes se negaba el derecho a la propiedad. Ahora se pasa a un régimen contrario, pero discriminatorio, porque la nueva ley sólo aplicará a los arrendamientos que se realicen a partir de su entrada en vigencia.

Pero todos los contratos suscritos con anterioridad mantendrán el régimen de las leyes anteriores. Esto es discriminatorio: si a un arrendador bajo la ley nueva un inquilino no le paga tres cuotas, ya lo puede desalojar; en cambio, hay personas bajo el esquema anterior que tienen años sin cobrar alquiler y no pueden desalojar al inquilino”, argumentó.

Indicó que los venezolanos ahora conviven con dos leyes, una que niega el derecho a la propiedad y otra que lo permite.

“Eso viola el principio de igualdad ante la ley: el propietario de la ley anterior queda como un ciudadano de segunda, mientras que el de la ley nueva es un propietario en plenas condiciones”, argumentó.

“SÓLO UN PORCENTAJE DE PRESOS TIENE AMNISTÍA”

El 19 de febrero fue publicada en Gaceta Oficial la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática y según ha informado la ONG Foro Penal, de las más de 800 personas que han salido de prisión tras el 3 de enero, sólo 180 han recibido amnistía, que es el perdón de la responsabilidad penal. Aún quedan presos políticos tras las rejas, o personas que lo que tienen es libertad condicional.

“La Ley de Amnistía es otra prueba de cómo el Gobierno asume compromisos y luego los cumple, según su conveniencia. El Departamento de Estado celebró la aprobación de esta ley, pero ha sido aplicada discrecionalmente. Sólo 20% de las liberaciones fueron por amnistía. Esta ley implica libertades plenas, y al Gobierno le conviene mantener medidas cautelares y régimen de presentación, con limitaciones, para tener a los presos políticos controlados y bajo la amenaza de encarcelación inmediata si decide reprimir”, consideró el abogado Alí Daniels.

LA CONFIANZA SE LOGRA CON EFICACIA GUBERNAMENTAL

Para el politólogo, Radamés Graterol, en Venezuela existe un tutelaje exterior que ha impulsado cambios que no los hubiese logrado el Gobierno por iniciativa propia.

“La confianza no se logra con anuncios de intenciones; se alcanza con eficacia gubernamental. Aunque la gente mantiene expectativas y optimismo de progreso, también empieza a observar los resultados del tutelaje con cautela”, argumentó.

Considera que la mayoría de las leyes aprobadas por la AN, dirigidas a la inversión, la libertad económica y el comercio, han sido impulsadas por el tutelaje y el hecho de que el Poder Ejecutivo no las aplique a cabalidad es una manera de enviar el mensaje a la sociedad que siguen teniendo el control.

“La meta del oficialismo es transmitir continuidad en el mando”, comentó.

A LA EXPECTATIVA DEL TSJ

En mesa de diálogo entre el Gobierno y la Asamblea Nacional 2015, se acordó escoger a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El 15 de septiembre se publicó en Gaceta Oficial la Reforma de la Ley Orgánica del TSJ, en la que se aumentó a 23 el número de integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales. 12 miembros serán de la sociedad civil y 11 parlamentarios.

El 27 de agosto, el presidente de la AN 2025, Jorge Rodríguez, indicó que la elección de los magistrados es competencia constitucional de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional.

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