- Foro Penal contabilizó este 6 de octubre 322 presos políticos todavía en Venezuela.
- La gira nacional realizada por activistas y expresos políticos en Venezuela, para exigir la liberación de detenidos y respeto a los derechos humanos, ha recorrido diversos estados, como Zulia, Falcón, Bolívar y Lara.
Libertad plena, cierre de las cárceles de tortura, indemnización ante las pérdidas patrimoniales, justicia transicional, reconciliación y democracia es lo que exigen un grupo de expresos políticos y familiares de quienes mantienen tras las rejas que recorren Venezuela en el denominado «Bus de la Libertad». Este martes 6 de octubre llegaron a Barquisimeto, estado Lara, para visibilizar los casos de torturas y violaciones de Derechos Humanos (DD. HH.), a los que han sido sometidos militares, funcionarios policiales, civiles, empresarios y dirigentes políticos, por años.
«Las cárceles del país son cementerios de gente viva», con esa frase, monseñor Jylmân Red Jurado, Obispo Ordinario Metropolitano de la Arquidiócesis Anglicana en Venezuela, describió lo que vivió durante cinco años y 15 días que estuvo preso en cinco lugares diferentes como el Centro de Formación Hombre Nuevo Simón Bolívar, el Rodeo III, Fuerte Militar Guaicaipuro, Yare III, la antigua Cárcel La Planta y finalmente, el Rodeo II, de donde fue excarcelado el pasado 14 de agosto.
Fue acusado de traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir y terrorismo por haber presentado un proyecto académico ante la dirección de cultos para formar a los jóvenes en liderazgo y valores democráticos. Enseñaba a pensar, a discernir y a levantar la voz por la defensa de quienes eran detenidos arbitrariamente. Para el Gobierno, su propuesta educativa fue catalogada como un ataque directo a las políticas de Nicolás Maduro. Afirmó que por esa razón, le «inventaron un expediente» y lo extorsionaron para forzar confesiones falsas. Tras negarse, fue torturado con electricidad.
«Quienes estamos en el Bus de la Libertad no somos políticos, somos un movimiento de conciencia espiritual que clamamos a Dios que se respete el sistema democrático social, de justicia y derecho en Venezuela, que se respete la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el principio de presunción de inocencia, que se respete la dignidad humana. Basta de tanta persecución, de estigmatizar y de criminalizar personas inocentes por pensar distinto», expresó el obispo, quien además es abogado, doctor en derecho constitucional y doctor en derecho internacional público.
En rueda de prensa, ofrecida en el Colegio de Ingenieros del estado Lara, lo acompañaban otras víctimas del sistema de justicia y de la violencia política y policial en Venezuela, como Wilfer Piña, profesor de matemáticas, ambientalista y dirigente del partido La Causa R en el estado Monagas, quien apareció con una capucha negra, se la colocó y contó que así es la vida de un preso político: minuto a minuto los torturan sin la posibilidad de ver la luz del día. A él lo detuvieron el 11 de marzo de 2024 y permaneció dos años, seis meses y 26 días en la cárcel.
Sus días transcurrían con una capucha de tela gruesa en el rostro que le dificultaba respirar. A veces lo mantenían sólo en ropa interior, tirado en el piso, boca abajo, con las manos y los pies esposados y con un solo plato de comida al día.
«Fui acusado de un intento de magnicidio contra Nicolás Maduro el 11 de marzo del 2024 en la ciudad de Maturín, un día lunes. ¡Supermán y yo!. Digo Supermán porque un solo hombre no iba a poder contra toda la Guardia de Honor y siete anillos de seguridad. Tan solo porque en 2013 le ganamos con votos la alcaldía de Maturín y bueno, obviamente venía una campaña electoral y tenían que utilizar algunas herramientas para acusarme en un proceso de magnicidio…¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, tengamos un sistema penitenciario peor que el que había en la época de Gómez?», exclamó.
Duró 4 días colgado
El 26 de septiembre salió en libertad Damián Rojas, luego de permanecer un año privado de libertad. Fue separado del cargo de Sargento Segundo del Ejército venezolano e involucrado en la Operación Aurora y Operación Oro, acusados de atacar fuertes militares en Venezuela.
«Desde el 20 de enero del año 2025 fui desaparecido, hasta el 10 de enero de 2026 en una causa por la que hubo más de 17 personas detenidas, todas eran inocentes. Personas con patologías bastante graves. Estuve 14 días en la ‘Casa de los Sueños’ (centro de reclusión clandestino y de tortura ubicado en los sótanos de la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar DGCIM)… De los cuales duré cuatro días colgado de esposas, encapuchado encima de un caucho. Me tuvieron que bajar porque si duraba un día más me iban a amputar los pies. Así también había otro compañero. Posteriormente estuve en el Rodeo I, desaparecido casi 1 año, sometido a celdas de castigo, a trato y vejámenes, donde no había acceso a un sistema de salud… Duré ocho meses sin salir de una celda, sin recibir la luz del sol», exclamó.
Afirma que ese tiempo torturado y en cautiverio, le provocaron graves daños psicológicos. A una semana de haber salido en libertad tan sólo ha podido conciliar el sueño por 10 horas. Refirió que de su misma causa siguen muchas personas privadas de libertad.
Siguen presos
Foro Penal contabilizó este 6 de octubre 322 presos políticos todavía en Venezuela, entre los cuales se encuentra el capitán del Ejército, Juan Luis Gutiérrez Aranguren, que está recluido en Fuerte Guaicaipuro, estado Miranda. Su esposa Marymar Vázquez denunció que el 17 de enero de 2021, el militar fue secuestrado en Arauca, Colombia por «grupos irregulares».
Fue involucrado por el Gobierno en La Operación Gedeón, una incursión armada fallida ocurrida el 3 y 4 de mayo de 2020 en las costas de Macuto (La Guaira) y Chuao (Aragua). Estuvo cuatro años en El Helicoide, luego seis meses desaparecido, hasta que su familia lo consiguió en Fuerte Guaicaipuro. Estaba deshidratado y pesaba tan sólo 35 kilos.
«Mi esposo no tiene juicio, no tiene condena. En su proceso se han violado todos sus derechos y el de nosotros como familiares», relató Vázquez. El capitán es oriundo de Quíbor, municipio Jiménez, estado Lara. Y todo este tiempo privado de libertad por razones políticas ha generado un desgaste emocional y un deterioro de salud de su familia.
«Mi esposo actualmente está padeciendo problemas de hígado, de riñones y problemas de hipertensión. ¿Qué es lo que queremos? su libertad, porque él es la cabeza de mi hogar. En este momento me encuentro sola. Soy madre criando a dos niñas. Mi hija ha crecido sin su padre, cuando lo secuestraron tenía tres años, ahora tiene 10. Aparte de eso, estoy lidiando con una enfermedad de mi mamá, que es paciente oncológico y no cuento con las posibilidades económicas de poder trasladarme al estado Miranda a visitarlo. ¡Exijo su libertad!», exclamó entre lágrimas Marymar Vázquez.
Exigen indemnización
José Ignacio Moreno es un empresario venezolano que estuvo tres años y tres meses privado de libertad en El Rodeo I, siendo del estado Apure. Indicó que el movimiento de víctimas de derechos humanos en Venezuela está exigiendo el cierre de los centros de tortura en el país y una indemnización patrimonial, por el tiempo en que sus familias tuvieron que sufrir.
«Nos causaron lucro cesante y daño emergente, por todo el sacrificio que tuvieron que hacer nuestros familiares para poder trasladarse a la ciudad de Caracas», sentenció.
La ley contra el odio viola los derechos humanos. Cada vez que pasamos por un estado del país, salen personas quejándose que han sido presos, han sido secuestrados. No solamente te secuestran y te meten preso, te roban los bienes. Amas de casa que las dejan en la calle, como si esto fuera un país de la época medieval…Hay que concienciar a los Estados Unidos que están jugando un rol vital en Venezuela, de que tenemos que actuar conjuntamente y avanzar más rápido para el bienestar de la gente y por la democracia de Venezuela», indicó José Ignacio Moreno, empresario y expreso político.
Exigen que la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia debe ser derogada del país. El pasado 30 de septiembre, la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió a la Asamblea Nacional reformar este instrumento legal y reconoció que fue «mal aplicada» y utilizada de forma abusiva.
La ley fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, en la cual Rodríguez era presidente y además de criminalizar el pensamiento crítico, fue utilizada para bloquear medios de comunicación digital y aplicar cierres a emisoras de radio, medios audiovisuales y programas de opinión. También ha sido un mecanismo para privar de libertad por opinar en redes sociales o en mensajes de WhatsApp.
Los integrantes del «Bus de la Libertad» también exigieron ser parte de la mesa de diálogo que llevan a cabo el Gobierno y diputados de la Asamblea Nacional 2015, que son reconocidos por Estados Unidos.
«Buscamos participar en la mesa de diálogo directa o indirectamente, hablar con la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, que tiene algo que ver con la mesa de diálogo para poder buscar un balance y que el país entienda hacia dónde vamos con este tema de los presos políticos y hacia dónde vamos con este tema del diálogo. Creo que el tiempo es clave, se nos está yendo el tiempo en muchas conversaciones…Tenemos demasiados meses hablando, pero hay que demostrarle al país acciones concretas», comunicó José Ignacio Moreno.
La gira nacional realizada por activistas y expresos políticos en Venezuela, para exigir la liberación de detenidos y respeto a los derechos humanos, ha recorrido diversos estados, como Zulia, Falcón, Bolívar y Lara.
La Prensa de Lara es un medio de comunicación regional comprometido con la verdad, la investigación y el periodismo de calidad. Sigue nuestro día a día en la web y redes sociales, y adquiere nuestra versión impresa cada lunes, miércoles y viernes en los principales puntos de venta de la región.