• Blanca Rosa Mármol de León, nació en Caracas. Se graduó de abogada en la UCV en 1968. Se especializó en ciencias penales y criminológicas.
• En diciembre del año 2000 es designada Magistrada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, por un período de 12 años.

Luego que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, firmara formalmente el miércoles 02 de septiembre el acuerdo petrolero con el gobierno interino de Venezuela desde el Palacio de Miraflores, que contempla el desarrollo de 17 campos y el control de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo venezolano (21,5% de las reservas del país), la doctora Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se pronunció, catalogando esta alianza como un “ataque al patrimonio público nacional”.

“Cuando son ilegítimos los que negocian no se pueden reconocer los acuerdos”. Sentenció quien estuvo 12 años al frente de la Sala de Casación Penal del Poder Judicial. Afirma que Delcy Rodríguez no tiene legitimidad para firmar ningún tratado de especial trascendencia para el país, porque su período como presidente encargada de Venezuela venció el 03 de julio, sin que la Asamblea Nacional (AN) 2025, presidida por Jorge Rodríguez, convocara elecciones presidenciales, luego de la captura de Nicolás Maduro. La dupla entre los hermanos Rodríguez, quienes tienen el Poder Ejecutivo y Legislativo de Venezuela, la define como el “Rodrigato”.

“La AN que tenemos es ilegítima de origen y tenemos también una mesa de diálogo que está representada por el oficialismo y dos partidos de oposición: Primero Justicia y Voluntad Popular. Ahí la ciudadanía no aparece para nada”, opinó Mármol. Enfatizó que en Venezuela hay un “vacío de poder”.

La noticia de un “acuerdo histórico” con Estados Unidos, en el que Venezuela cede el control de una quinta parte de sus reservas petroleras comprobadas, a cambio de “inversión”. ¿Constitucionalmente esto es legal?

No, el asunto es de extrema gravedad. Vimos recientemente declaraciones de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, donde dice con gran tranquilidad que eso va a ser beneficioso para Venezuela y que la negociación está hecha con un señor llamado Alejandro Betancourt, socio principal de North American Blue Energy Partners (Nabep), compañía petrolera privada que operará las concesiones para manejar 17 yacimientos petrolíferos. Que ellos lo revisaron en EE. UU. y que allá, Betancourt no tiene antecedentes penales. Y eso parece que es suficiente para que le dé legalidad a la situación, y los venezolanos tenemos que soportar eso.

Indudablemente, eso responde a intereses fundamentalmente norteamericanos, porque ellos sí se aseguran la disponibilidad de petróleo ante la situación geopolítica que viven con Irán.

¿Qué ha pasado con el gobierno de Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro?

Ese gobierno que se mantiene en el poder por haberse rendido las Fuerzas Armadas ante una intervención militar estadounidense el 03 de enero es un gobierno derrotado. Son un instrumento de las acciones que Norteamérica les ordena hacer. Nosotros hemos visto que a cambio de no ser extraídos de Venezuela, ellos obedecen todo lo que los EE. UU. les dice. El ‘Rodrigato’ está sometido y dispuesto a entregar el país a cambio de su permanencia aquí.

El comunicado de Estados Unidos dice: “Este acuerdo asegura nuestro dominio energético para el próximo siglo, sin costo alguno para EE. UU.”, pese a que la presidente encargada, Delcy Rodríguez, señala que es por 25 años. ¿Se está comprometiendo el futuro de los venezolanos?

Mira, la presidente que así la llaman, no es presidente, y ella está actuando como si lo fuera. El problema es la ilegitimidad de los negociantes. Cuando son ilegítimos los que negocian, no podemos reconocer los acuerdos. Además, es bueno destacar que tal parece que el precio que estamos pagando porque Estados Unidos, para nuestro gran contento, sacó de Venezuela a Maduro. Ya parece que lo tenemos que pagar con la entrega del país.

Se debe hacer un referéndum y reformar la Constitución para que ese acuerdo petrolero con Estados Unidos sea legal?

No se reformaría la Constitución, pero sí se está planteando el referéndum. Es una idea que a mí me gusta porque se expresaría la ciudadanía y sabemos que el rechazo va a ser total. Ahora bien, hay quienes consideran que hacer un referéndum legitimaría el acuerdo petrolero. Yo no lo creo así. Está hecho por representantes ilegítimos, por esa razón, la ciudadanía es clave en este momento, visto el vacío de poder en que nos encontramos.

EE. UU. se va a entender con una empresa privada, Nabep, cuyo socio central es Alejandro Betancourt, un empresario que según Transparencia Venezuela ha sido investigado por presunto blanqueo de capitales en España y en Suiza. ¿Por qué Estados Unidos hace negocios con una figura que la rodea tanta intriga?

Es bueno recordar que la intervención de Estados Unidos en Venezuela el 03 de enero, cuando se llevó a Maduro no fue como a nosotros nos habría gustado, por violación de los derechos humanos, por persecución de la disidencia, por ser un régimen despótico. No es que nos gusta que otros países nos resuelvan nuestros problemas, sino que nosotros nos recorrimos absolutamente todos los artículos que establecen recursos en la Constitución para resolver este problema de la tiranía en el poder y no hemos podido, porque siempre ha habido fraude en las elecciones, tratamos el revocatorio, tampoco pudimos, tratamos la consulta, no pudimos… Entonces, ¿por qué EE. UU. hace negociaciones en estos términos?, bueno, porque a ellos no les interesa en absoluto la condición democrática o moral que ellos puedan tener para actuar en Venezuela. Ellos no se han preocupado en ocho meses por la vigencia de los derechos humanos, fíjate, ahí están los presos políticos.

Delcy Rodríguez ha dicho en defensa de ese acuerdo, que las reservas petroleras no pueden ser cifras inertes. ¿Qué tanta inversión puede entrar si en el país no se ha logrado la seguridad jurídica ni una transición?

No queremos que Delcy Rodríguez nos proteja de nada, porque ella es parte de todo lo que ha pasado aquí en Venezuela y de lo que hemos vivido con esta dictadura. Ella no tiene ninguna condición para negociar. Ella es una usurpadora.

Ella está allí usurpando funciones porque el interinato se terminó y lo único que ella podía haber hecho en los últimos 30 días era haber convocado elecciones y no lo hizo, y por supuesto que no lo iba a hacer porque la táctica de este régimen ha sido ganar tiempo.

¿Cree que este acuerdo petrolero aleja a Venezuela de un cambio de gobierno?

Sí, totalmente. Y por eso nuestra gran estupefacción, después de que pasó lo de Maduro, que lo extrajeron, resulta que quedó de presidente de Venezuela Delcy Rodríguez, que fue designada por él, que participaba de la misma ilegitimidad y que no podía de modo alguno ser presidente de Venezuela. Y por eso, Estados Unidos le ha mantenido el apoyo, porque eso le garantiza tenernos a nosotros en lo que han constituido como un virreinato. Esto le conviene a Donald Trump, le da a él popularidad, son bienvenidas las medidas en EE. UU., porque le abaratan la vida a los norteamericanos, pero a nosotros nos hace la llegada o la recuperación de la democracia más difícil.

Ante el vacío de poder, usted ha planteado desde el 03 de julio que se integre una junta de gobierno. ¿A la fecha qué respaldo ha recibido?

La ciudadanía quiere recuperar la democracia a través de una junta de gobierno y fuimos dos veces ante la embajada de los Estados Unidos a solicitar audiencia para plantearles que nos tuvieran a nosotros como interlocutores y que necesitábamos el apoyo de los EE. UU. Nunca nos dieron la audiencia ni tampoco nos dieron ninguna respuesta. Para la junta de gobierno se necesita el apoyo de fuerza que debería venir de los Estados Unidos y no lo hemos obtenido. Entonces, eso nos va a obligar a nosotros ir a otros recursos. La ciudadanía venezolana es la que tiene que enfrentar este problema y tiene que resolverlo.

La palabra “Junta de gobierno” no aparece en la Constitución de 1999, ¿Cómo se constituiría?

La palabra no está, pero sí está el artículo 350. Un artículo que ha sido satanizado, pero que no debe serlo porque establece la vigencia genuina de la voluntad popular para dirigir el destino de un país. Y ese artículo dice que el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá. Ese es el punto. Cualquier régimen, legislación o autoridad que contraría los valores, principios y garantías democráticos o menoscaba los derechos humanos.

¿Cuándo se deben convocar elecciones?

Una junta de gobierno nos va a garantizar que se elija un presidente de manera democrática y transparente, y su trabajo sería convocar elecciones en 60 días y retornaría la democracia…Cuando cayó Pérez Jiménez, enseguida la población se fue a la Seguridad Nacional, que era entonces el órgano represor fundamental de la disidencia política. Se fueron para allá, abrieron las puertas de la Seguridad Nacional y también se fueron a otras cárceles y abrieron las puertas para que salieran todos los presos políticos en libertad y de allí se fueron a Miraflores y se constituyó la Junta de Gobierno. Junta de gobierno que después se desempeñó por un año y que organizó las elecciones que se celebraron exitosamente y ganó después Rómulo Betancourt. Y así recuperamos nosotros la democracia. La situación es semejante, es una situación de facto, es de excepción porque hemos utilizado y acudido al ejercicio democrático y no hemos podido sacar a la tiranía.

Por eso tenemos que ir al desconocimiento del régimen…Doctora, ¿cómo estaría integrada esa junta de gobierno?

Esta junta de gobierno se formará con personas que tengan la capacidad, la visión y la honorabilidad, sobre todo, para tomar las riendas de Venezuela en su momento. Esa junta de gobierno no tiene nombre, sus integrantes no tienen nombre todavía, porque no se ha establecido. Pero esos nombres van a surgir y allí se establecerá cómo debe ser el camino para recuperar la democracia.

Sobre Blanca Mármol

Blanca Rosa Mármol de León, nació en Caracas. Se graduó de abogada en la UCV en 1968. Se especializó en ciencias penales y criminológicas. Desde 1975 hasta 1980 fue defensora pública Octava de Presos del Circuito Judicial del Distrito Federal y estado Miranda. Luego designada Juez Décima Novena de Primera Instancia en lo Penal de la misma circunscripción judicial. En 1987 fue ascendida a Juez Superior Novena en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Miranda. En 1999, en virtud del cambio al Código Orgánico Procesal Penal, pasa a ser miembro de la Sala Tres de la Corte de Apelaciones de la misma circunscripción judicial. En diciembre del año 2000 es designada Magistrada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, por un período de 12 años.

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