• Tulio Álvarez, nació en el estado Sucre, en 1961. Es abogado, doctor en Derecho graduado con honores, con magíster en historia, maestría en ciencias políticas, especialización en derecho marítimo, maestría en teología fundamental.
• Es profesor titular, jefe de cátedra de Derecho Constitucional en la UCV y jefe de cátedra de Casación Civil en la UCAB. Fue consultor jurídico de la Presidencia de la República (1994-1995) y Magistrado ante el Consejo de la Judicatura (1994-1999).

Si se van todas los miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y entran magistrados que cumplan con los parámetros internacionales y la Constitución, habrá un efecto dominó: una transformación profunda del sistema de justicia, que abarque la depuración y revisión de cada tribunal del país». Así lo indicó Tulio Álvarez, jefe de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela.

Sostiene que el hecho que la mesa de diálogo, inicie por la escogencia de todos los magistrados, es un paso hacia la institucionalidad, siempre que se elijan magistrados con «conocimiento, honestidad y moral».

El diálogo, debe garantizar que el TSJ vele por el Estado de Derecho sin operar bajo el control político, que controle al Ejecutivo y no anule la representación en la Asamblea Nacional (AN). «Si en el país no se cambia el Poder Judicial, va a pasar lo de siempre, se va a unas elecciones y lo anulará el TSJ porque le dio la gana», argumentó.

¿Aquí se debió comenzar por cambiar el TSJ, o debió empezarse por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y elecciones?

La renovación del TSJ resulta prioritaria para devolver la certidumbre jurídica al país. Sino va a pasar lo de siempre, se va a un proceso electoral y lo anula el TSJ porque le dio la gana. Sin un TSJ sano, no valen elecciones, ya lo vimos el 28 de julio de 2024. Porque el CNE es un ámbito político, que funciona con bases jurídicas. Si rompen las bases jurídicas estará un TSJ que conoce lo electoral y lo constitucional.

¿Cómo evalúa el tema de la institucionalidad de Venezuela?

No hay institucionalidad. Venezuela ha perdido todos los elementos claves. Estados Unidos, tiene un sistema constitucional maduro, que llaman «check and balance«, el sistema de pesos y contrapesos, donde los órganos del Estado se controlan unos a otros. Eso no existe en Venezuela.

¿Cómo debe ser el proceso de escoger a los magistrados del TSJ?

El proceso exige levantar barreras normativas mediante un pacto transversal que busque reestructurar el Estado y devolver la solvencia técnica a las instituciones. Debe erradicar la hegemonía partidista y el sesgo. La mesa de diálogo debe establecer compromisos claros de transformación integral de la justicia y pactar garantías institucionales que impidan vetos ideológicos o el uso del aparato estatal contra perfiles independientes.

¿Cómo debe estar conformado el Comité de Postulaciones Judiciales?

El Comité debe garantizar una participación transparente, plural e independiente. Aunque la Constitución prevé la integración de la sociedad civil, la práctica lo redujo a un peaje político. Para corregirlo, debe abrirse a la presencia efectiva y paritaria de voceros reales de la sociedad civil organizada y del sector académico, como las Facultades de Derecho de las universidades nacionales.

¿La revisión de credenciales y el baremo deben ser actos públicos y transparentes?

Sí, deben regirse por la máxima transparencia e imparcialidad, utilizando un baremo técnico estricto sustentado en el artículo 263 de la Constitución y el artículo 37 de la Ley Orgánica del TSJ. La evaluación debe verificar de forma objetiva la solvencia ética, el renombre honorífico, la trayectoria docente superior de más de 15 años, el ejercicio destacado de la abogacía y la producción académica comprobable.

¿Quién debe hacer la selección final y juramentación del TSJ?

La selección requiere constitucionalmente la aprobación por mayoría calificada de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional (AN). Para que este acto genere confianza, debe ser el resultado final de un acuerdo nacional transversal que reconozca la idoneidad de juristas independientes y restablezca el equilibrio de poderes, superando las dinámicas de imposición partidista.

En pasados procesos de negociación, se han seleccionado a rectores del CNE por cuotas políticas. ¿No teme que eso pase con los magistrados?

Eso es vergonzoso. El tres a dos es simplemente decir: «Nosotros nos rendimos ante las evidencias de poder y en consecuencia aceptamos mientras tengan tengamos algún espacio». Aquí hay que pararse y decir: ¡No participo!, si ese es el caso.

¿Qué desafíos tiene el país para reformar el sistema judicial?

El actual TSJ sufre de una falla de diseño estructural grave: la Sala Constitucional actúa como un superpoder que se impone jerárquicamente a las demás salas e incluso sobre la misma Sala Plena, generando un cortocircuito sistémico que anula el equilibrio de poderes. La transformación futura exige separar claramente las competencias en tres órganos de máxima jerarquía: Un Tribunal Supremo de Casación, enfocado estrictamente en la función casacional, asegurando la correcta aplicación del derecho y unificando la jurisprudencia en las materias civil, mercantil, penal y social mediante el control formal y sustantivo de las sentencias.

Una Corte Constitucional Autónoma, que sea un órgano separado e independiente encargado de velar de forma exclusiva por el respeto a la Constitución, la supremacía constitucional de los actos del Estado y la protección efectiva e irrestricta de los derechos humanos. Un Consejo de Estado para el Contencioso-Administrativo, entendido como una rama especializada y autónoma, cuya cúspide sea un Consejo de Estado encargado de juzgar en última instancia la legalidad y nulidad de los actos, contratos y actuaciones de la administración pública.

La CIDH, indicó que el 84% de los jueces venezolanos son provisorios o temporales. ¿Cómo cambiar eso?

Debe garantizarse que el acceso a la carrera judicial será necesariamente por concurso público de oposición y titularidad, de conformidad con los principios básicos de las Naciones Unidas. La selección y ascenso de los jueces debe basarse exclusivamente en el mérito, la capacidad técnica y la idoneidad moral. Se requiere eliminar la provisionalidad de los jueces (que en Venezuela ha alcanzado niveles críticos) para garantizar la estabilidad e inamovilidad en el cargo como pilar central de la independencia judicial frente a presiones políticas o del Poder Ejecutivo.

¿Qué otro aspecto se debe cambiar?

Un aspecto singular es la autonomía presupuestaria real y modernización tecnológica e infraestructura del TSJ. De acuerdo con el Estatuto del Juez Iberoamericano, la eficiencia y la independencia del Poder Judicial dependen de una asignación presupuestaria suficiente, fija y de ejecución autónoma. Esto debe traducirse en la digitalización integral de los procesos (expediente electrónico, audiencias virtuales y acceso público y transparente a la jurisprudencia) y la mejora sustancial de las condiciones salariales para erradicar la corrupción sistémica. Hoy tenemos una trágica realidad de depauperación del trabajador judicial.

Debe reestructurarse la jurisdicción disciplinaria judicial independiente, conforme a los estándares internacionales, los procesos sancionatorios o de destitución contra jueces deben estar a cargo de un órgano disciplinario independiente y preestablecido, dotado del debido proceso, doble instancia y causales explícitas de sanción, impidiendo que el régimen disciplinario sea utilizado como una herramienta de persecución política o amedrentamiento interno.

¿Cómo se acaba con el retardo procesal?

Con la descentralización operativa y descongestión de los tribunales de primera instancia, implementación de un modelo de gestión judicial por audiencias e interactivo, fortalecimiento de la justicia de paz y de los medios alternativos de resolución de conflictos en los municipios, orientados a reducir la sobrecarga procesal y garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva dentro de plazos razonables. La oralidad es la clave de la modernización del Poder Judicial. Hay que crear un sistema transparente de rendición de cuentas, auditoría pública y baremo unificado. La creación de un sistema de evaluación periódica del desempeño judicial basado en criterios objetivos e indicadores públicos de productividad, celeridad y ética. Todas las actuaciones y decisiones del sistema de justicia deben ser sometidas a contraloría social y auditoría ciudadana para restaurar la confianza pública.

¿Cómo se debe manejar el tema de impunidad?, o el caso de los presos políticos que siguen sin liberar. La ONG Foro Penal de Venezuela, ha dicho que son casos de detención arbitraria.

El manejo de la impunidad y la persecución exige el acatamiento riguroso de las normas éticas e institucionales. Esto incluye imponer la obligación de inhibición a aquellos funcionarios que hayan incurrido en conflictos de interés, violaciones de derechos o litigios en contra de ciudadanos independientes (evitando que actores del Ministerio Público y el Poder Ciudadano actúen como agentes del Estado en persecuciones políticas).

En el caso de los presos políticos, un juez constitucional idóneo, haría finalizar esta situación de injusticia e impunidad de forma inmediata, con la liberación de todas las personas que han sido detenidas sin cumplir el debido proceso. Una corte constitucional, eliminaría cualquier resquicio de violaciones de DD.HH desde la perspectiva del debido proceso haciendo cumplir la Constitución con su sentencia. Porque esas personas que hayan sido detenidas injustamente hoy y a futuro, tendrían la posibilidad de un verdadero mecanismo o recurso judicial con un juez idóneo y natural.

¿Por qué dice que la falta de institucionalidad en Venezuela comenzó por la actuación del TSJ?

Porque todos los eventos desde 1999 para acá de inhabilitaciones, persecuciones políticas, violaciones sistemáticas de derechos humanos, la destrucción del aparato productivo nacional, la destrucción del agro, la destrucción de las industrias en Venezuela, el desconocimiento de procesos electorales legítimos, en todos esos eventos está interviniendo activamente y abrió la puerta de la violación sistemática de derechos humanos el TSJ.

Sobre Tulio Álvarez

Tulio Álvarez, nació en el estado Sucre, en 1961. Es abogado, doctor en Derecho graduado con honores, con magíster en historia, maestría en ciencias políticas, especialización en derecho marítimo, maestría en teología fundamental. Es profesor titular, jefe de cátedra de Derecho Constitucional en la UCV y jefe de cátedra de Casación Civil en la UCAB. Fue consultor jurídico de la Presidencia de la República (1994-1995), fue asistente legal al Consejo de Ministros, integró el Consejo de Asesores Jurídicos de la Administración Pública. Fue Magistrado ante el Consejo de la Judicatura (1994-1999). En 1999 formó parte de la Comisión Presidencial Preparatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, encargada del diseño de las bases para el proceso constituyente.

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