Ágatha Reyes | LA PRENSA.- Especialistas en leyes aplauden las últimas acciones que ha llevado a cabo la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, por considerar que ha pasado de los puros pronunciamientos al hecho y avizoran que sus acciones podrían ser más contundentes.
Enrique Romero, presidente del Colegio de Abogados de Lara y Jorge Rosell exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) coinciden en que en las últimas semanas Ortega ha aumentado la contundencia de sus acciones (primero Ortega pidió revisión de la democracia, luego interpuso un amparo y ahora solicita un antejuicio) y en determinado momento pueden tener asidero en el Tribunal Penal Internacional.
Rosell argumenta que la acción foránea podría llegar porque es evidente la implantación de un “régimen arbitrario y dictatorial que hace caso omiso tanto a las instituciones nacionales como la Asamblea y hasta de organismos internacionales” que buscan mediar en la situación crítica que atraviesa el país.
Además de esta opción, Rosell detalla que podría generarse una imputación en contra de los magistrados tratada por el Tribunal Penal Internacional por el delito de romper el hilo constitucional, pero “es un proceso que llevaría mayor tiempo, porque deben evaluarse los intereses políticos”.
“La fiscal se está apegando a las acciones legales y eso ha tenido muy buena recepción en la gente sin importar lo que hizo en el pasado”, dijo Romero al explicar un tercer factor que podría vincularse al recurso de amparo y el antejuicio de mérito que ha solicitado Ortega Díaz.
Los abogados también coinciden en que lo realizado por la Fiscal General del Ministerio Público no es soplar y hacer botella, porque existe un cerco en las instituciones.
“A pesar de que existe un mil por ciento de justificaciones para realizar un enjuiciamiento a los magistrados y al presidente, no sucede porque están blindados con el Consejo Nacional Electoral, los militares y el mismo gobierno nacional”, argumentó Romero.