José D. Sequera | LA PRENSA de Lara.- Pedir la activación de la Comisión Nacional para la Prevención del Maltrato y la Tortura que eviten perversiones de los cuerpos de seguridad contra presos políticos es la exhortación que se hizo durante el debate «Una oportunidad para el país», realizado en el Colegio de Abogados de Lara.
«No sé ni cómo funciona, para qué sirve, ni quién la integra y eso que estuvimos en conversaciones (…) Yo creo que es momento de activar esa comisión para trabajar en pro de los presos políticos así como de sus familiares sin olvidarnos de los muertos caídos durante las protestas políticas», mencionó Martha Tineo, coordinadora nacional de la ONG Encuentro, Justicia y Paz cuando hace referencia a este apartado de la Defensoría del Pueblo.
Durante este debate realizado ayer en la mañana y en el que también estuvieron presentes familiares de larenses muertos en protestas y de presos políticos y ONG’s dedicadas a la defensa de derechos humanos, ofrecieron ideas para aquellos que han sufrido las consecuencias de la barbarie generada por los tratos crueles de funcionarios policiales o militares.
Entre las participantes estaba Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno (asesinada en Valencia durante las protestas del 2014), quien ahora se encarga de ofrecer ayuda personas que, como ella, perdieron a un ser querido en protestas o que se encuentra encarcelado.
Orozco recordó que entre 2014 y 2017 hubo 307 víctimas en protestas y el 99% de los casos quedaron impunes. «Por eso es que ofrecemos ayuda psicológica tanto a las víctimas de los maltratos como o de los familiares de fallecidos; intentamos poner nuestro granito de arena».
Para los familiares de las víctimas, esta iniciativa es muy buena, porque así «le ven algo bueno a lo malo» y consiguen herramientas para no dejarse caer en la tristeza, tal como lo explicó Yaneth hernández, madre de Yoinier Peña, un guaro que murió 54 días después de ser herido en una protesta en el 2017.