Euseglimar González | LA PRENSA de Lara.-& ;»Aún recuerdo cuando caminé por los pasillos de Fénix. Había pasado una semana de la masacre y todavía se sentía un mal olor y todos los presos estaban sucios y con las miradas perdidas», relató la madre de un reo, que le tocó vivir horas de angustia y dolor, el 17 de mayo de 2018, cuando se «prendió» Fénix con una reyerta que acabó con saldos fatales e historias realmente dramáticas.
Ese motín cuenta entre los 10 registrados en los últimos cinco años en Venezuela, que han terminado en masacres. Según registros de LA PRENSA y medios regionales, en medio de las reyertas han muerto 249 personas, en su mayoría son reclusos.
En Fénix-Lara, una de las cárceles modelos del Ministerio Penitenciario, desde 2016 a la fecha se han registrado dos motines, el primero (marzo 2016) terminó con cinco reclusos muertos y más de 50 heridos. Dos años después, en otro episodio violento, murieron 11 personas, dos eran custodios del penal.
En el último motín de Fénix, los presos contaron a sus familiares, que todo inició por los maltratos que recibían por parte de los custodios. Detenidos del área de media, supuestamente se amotinaron y abrieron las puertas del infierno. Los presos se enfrentaron a los custodios, quienes trataban de parar el conflicto. La furia comenzó cuando dos custodios murieron en medio de aquél enfrentamiento en la que se jugaban la vida ambos bandos.
«A los custodios se les metió el demonio y querían masacrarlos a todos, tuvieran o no que ver con la muerte de sus compañeros», dijo un familiar, tras la primera visita después del motín, una historia trágica que abrió un debate sobre las condiciones inhumanas en las que los convictos pagaban su condena.
Pero no fue sino hasta la última masacre del 1 de mayo de 2020 en el Centro Penitenciario de Los Llanos (Cepella), donde murieron 47 reclusos y hubo más de 50 heridos, que dejó al descubierto la anarquía y el hambre que existe en los penales del país. Una investigación de la agencia internacional de noticias Reuters reveló que todo comenzó porque los guardias, presuntamente, se quedaban con los alimentos que los presos recibían de sus familiares, su única fuente de sustento.& ;
Al descubierto
«La masacre de Cepella dejó al descubierto muchas cosas que hemos denunciado, pero que ahora quedó demostrado. En fotos se evidencia cómo los presos están desnutridos, además la falta de control del Estado, falta de alimentación, porque ellos protestaban porque funcionarios les estaban robando la comida, pero también se evidencia el hacinamiento y el retardo procesal», comentó Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Girón resaltó que el fiscal Tarek William Saab habló sobre la imputación de los responsables de la masacre, quince días después. «Ese es su trabajo, ese es el trabajo del Ministerio Público, pero no termina de decir la lista de los fallecidos, porque todavía hay familiares que no saben si sus presos están vivos o muertos», dijo.
«Él (William Saab) con sus declaraciones reconoció que existe el pranato dentro de las cárceles y que son ellos (presos) los que mandan y no el gobierno. Pero no habla de la verdad de los hechos, ¿quién dio la orden de disparar?, ¿por qué solo hay cinco funcionarios imputados y no toda la cadena de mando?. Todavía nos quedan muchas interrogantes», comentó.
Girón recordó la masacre de Amazonas en 2017 y aseguró que ni en esa ni en otras, hay imputados. Explicó que de la masacre de Policarabobo, ocurrida en marzo de 2018, donde murieron 68 reclusos, las audiencias de los señalados se han diferido 32 veces.
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