El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha hecho públicos testimonios de familiares de reclusos en la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara. Las denuncias señalan directamente al director del recinto, Héctor Maraima, como presunto responsable de ordenar maltratos y presuntas torturas físicas contra los privados de libertad.
De acuerdo con los reportes recibidos por la organización, la violencia en el penal se ha intensificado recientemente. Hace una semana, cuatro internos habrían sido golpeados y posteriormente aislados tras reclamar por las precarias condiciones de vida, que incluyen hacinamiento crítico, falta de asistencia médica y una alimentación que no cumple con los requerimientos básicos.
Denuncias de manejo de insumos
Además de los abusos físicos, los familiares aseguran que el personal penitenciario, presuntamente bajo órdenes de la dirección, solicita pagos en dólares para garantizar derechos básicos, tales como evitar castigos, impedir traslados a centros lejanos o permitir el acceso a las visitas familiares.
Asimismo, los denunciantes manifestaron su indignación ante la gestión de la «paquetería». Sostienen que, al entregar alimentos e insumos básicos recolectados con esfuerzo, los funcionarios encargados de la recepción presuntamente sustraen gran parte del contenido, lo que agrava el estado de vulnerabilidad y desnutrición de los internos.
Supuesta interferencia en Uribana
El OVP también documentó un posible acto de extralimitación de funciones que afecta a los reclusos del Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana. El pasado 17 de marzo, un grupo de 22 internos retornó a este penal tras cumplir una sanción de nueve meses en Tocuyito.
Los testimonios indican que, tras una visita de Maraima al centro David Viloria y una supuesta conversación con la directiva de dicho penal, se ordenó el aislamiento inmediato de seis de los internos recién llegados. Actualmente, estos hombres se encuentran incomunicados, sin acceso a visitas y bajo la amenaza de nuevos traslados, a pesar de haber cumplido previamente su sanción en otro estado.
Llamado a las autoridades y organismos internacionales
Ante estos hechos, el Observatorio Venezolano de Prisiones recordó que la gestión de cada recinto debe ser autónoma y ajustarse a la legalidad. «Ningún director tiene la facultad de interferir en la administración de otro penal para promover castigos o persecuciones», señaló la organización, calificando estas acciones como una violación a los Derechos Humanos y a las Reglas Nelson Mandela.
La prensa del OVP informó que se exigirá al Ministerio para el Servicio Penitenciario una revisión urgente de estas denuncias y el cese de los tratos crueles en los penales del estado Lara. Asimismo, la organización confirmó que elevará estas irregularidades ante instancias internacionales para velar por la integridad física de la población penal.