Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Erasmo Bolívar, Luis Molina y Héctor Rovaín, funcionarios de la extinta Policía Metropolitana que tienen 19 años y 6 meses como presos políticos por la intentona golpista ocurrida el 11 de abril de 2002, fueron trasladados el viernes 22 de octubre a las 5:00 de la mañana de la Cárcel de Ramo Verde en Miranda, al Centro Penitenciario Fénix de Barquisimeto, sus familiares denuncian que los tres corren peligro porque están con presos comunes y con una población carcelaria hacinada, donde abundan casos de tuberculosis.
«Los familiares no hemos podido salir de nuestras casas a visitarlos porque no tenemos los recursos para hacerlo. La familia de Erasmo Bolívar está fuera del país, la esposa de Héctor Rovaín está en La Guaira, y yo vivo en Guatire, es mucho dinero el que se requiere para ir y mandarles alimentos», denunció a LA PRENSA DE LARA, Laura Pérez, esposa de Luis Molina. Precisó que no fueron notificados del traslado, se enteraron por las redes sociales ese mismo viernes en la madrugada.
Estos tres funcionarios fueron los primeros presos políticos del país, cuya detención fue ordenada por el expresidente Hugo Chávez, condenados a 30 años de cárcel por el delito de homicidio calificado frustrado en grado de complicidad correspectiva y uso indebido de arma de fuego, y aunque Laura Pérez sostiene que desde 2007 les corresponde medidas cautelares porque han cumplido gran parte de la pena y han tenido buena conducta, horas de trabajo y estudio en la cárcel de Ramo Verde, sitio de reclusión que fue establecido por la juez que los condenó, Maryori Calderón.
«Mi esposo sufre de la tensión, de gastritis, de depresión. Bolívar sufre de problemas de la vista, está recién operado de la rodilla. Son hombres que pueden ser productivos a la sociedad y se están pudriendo en una cárcel, los están matando lentamente y les han violado no sólo a ellos sus derechos, sino a nosotros como familias», exclamó.
Alega que los funcionarios de la Policía Metropolitana no cuentan con un abogado, porque el sistema de justicia no les ha asignado un defensor público. Reiteró que al ser presos políticos no debieron ser trasladados a Fénix.
Alegó que el próximo 3 de noviembre, cuando el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, venga a Venezuela esperan reunirse con él para denunciar este caso de violación de derechos humanos.