Euseglimar González | LA PRENSA DE LARA – Los últimos seis meses Víctor Hugo Castillo lo ha pasado tras las rejas, por un hecho que según sus familiares no cometió. Aseguran que el hombre es inocente y que el caso está «viciado», además la fase de investigación para la audiencia preliminar ya pasó y el juez no ha fijado una fecha para que se celebre.
Familiares relataron que el 1 de octubre de 2020, Víctor fue detenido junto con la exjueza Dorys Escalona, en la calle 11 con carrera 23, al este de Barquisimeto, por una comisión del Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro (Conas), presuntamente, por una extorsión hacia un militar activo.
Los familiares aseguraron que Víctor ese día estaba en el vivienda, porque estaba visitando a la dueña de la casa y esperaba que le repararan su moto. En ese momento, llegaron cuatro funcionarios del Conas, supuestamente, acompañados de dos fiscales a practicar una supuesta detención a una exjuez que estaba en la casa.
En medio de la detención hubo muchas irregularidades, según denunció la familia. Al parecer Víctor observó cómo estaban agrediendo a una de las mujeres de la casa y trató de defenderlas, pero habría sido en ese momento en el que uno de los funcionarios lo detuvo.
La pesadilla para la familia comenzó cuando la exjueza Dorys Escalona, que aseguran que también es inocente, estaba asesorando a un funcionario militar activo, porque una fiscal del Ministerio Público, presuntamente, le estaba pidiendo 20 mil dólares para librarlo en un caso de homicidio.
Al principio ni Víctor ni Dorys, sabían porque los estaban llevando detenidos, fue en la audiencia de presentación que se enteraron que su presunto delito fue una extorsión.
«En la audiencia le dijeron que debe declararse culpable y es ahí cuando él dice que no lo hará porque no tenía nada que ver en eso», comentó el familiar.
Además los familiares detallaron que el caso esta «viciado» desde el inicio, la audiencia de presentación se realizó 48 horas después de la detención y, supuestamente, el expediente asegura que el allanamiento y la detención fue a la 1:00 de la tarde del 1 de octubre, pero sus parientes aseguraron que se ejecutó a las 10:00 de la mañana.
Luego de la audiencia de presentación el privado de libertad pasa a la audiencia preliminar, que es un lapso de 45 días de investigación, pero Víctor ya lleva seis meses tras las rejas y aún no hay fecha. Su familia teme por su integridad y su salud.
«Desde el año pasado estamos con miedo, en esa celda se puede contagiar de Covid-19. Queremos que la juez se pronuncie y de fecha para que él se pueda defender», dijo el familiar a LA PRENSA.