Euseglimar González | LA PRENSA DE LARA.-& ;El hacinamiento, la falta de atención de los privados de libertad y la corrupción continúan pasando factura al sistema penitenciario en Venezuela. A las cárceles del estado Lara no les cabe ni un «alfiler», esto según su capacidad instalada que evidencia una sobrepoblación del 157,15%.
Por años, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha desnudado la realidad del sistema penitenciario y ha indicado que los altos índices de hacinamiento en las cárceles venezolanas representan un riesgo a la vida e integridad personal de los detenidos.
Humberto Prado, director del OVP, explicó que en el caso de la Comunidad Penitenciaria Fénix y el Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocido como Uribana, tienen una capacidad instalada de 2 mil 350 recluidos; sin embargo, esta cifra por poco se duplica y es que la población penitenciaria es de 3 mil 693.
La ONG recientemente habló sobre el informe del año 2022 en el que analizan a las 14 cárceles con mayor hacinamiento de acuerdo a su población reclusa y capacidad instalada. En Venezuela hay 33.558 privados de libertad, pero el 71% se encuentra en las cárceles más hacinadas de diferentes estados del país.
De las 33.558 personas privadas, 30.998 son hombres y 2.560 son mujeres que sobreviven en 45 centros carcelarios.
Prado destacó que la ONG desde el año 1997 hasta marzo de 2023 el Estado venezolano ha cerrado al menos 11 centros carcelarios, lo cual equivale al desalojo de 5.800 plazas, contando entonces con una capacidad real instalada de 20.438 plazas.
En el informe del año 2022, el OVP aseguró que los altos índices de hacinamiento representan un riesgo a la vida e integridad personal de las personas en prisión. Además detallaron que el impacto del hacinamiento ha traído consecuencias gravísimas, como la imposibilidad de cubrir con los parámetros de salubridad e higiene, de satisfacer necesidades fisiológicas, y de contar con los espacios destinados para esto como duchas o retretes, e incluso el acceso a celdas con las medidas necesarias para el descanso, porque estas se caracterizan por albergar más de seis veces su capacidad instalada.
Debido a la opacidad de información oficial, el OVP ha logrado construir su base de datos a través de fuentes internas en el Sistema Penitenciario.
Abarrotados
Por años, Fénix y Uribana se han mantenido como los centros penitenciarios con mayor población reclusa que su capacidad instalada.
Según los informes del OVP para el año 2022, Fénix (tanto anexo femenino como de hombres) tiene una capacidad instalada de 1500, pero la población es de 2210, mientras que en Uribana (incluyendo anexo femenino) tiene una capacidad de 850 y la realidad es que hay 1483 privados de libertad recluidos allí.
«Para nadie es un secreto que los penales están a reventar, que el Sistema de Justicia es quien mantiene a los presos como sardinas en lata y es porque existe retardo procesal», comentó la esposa de un privado de libertad de Fénix.
Ambos penales, ubicados al norte de Barquisimeto, son sitios de reclusión para personas de otros estados, como Yaracuy, Portuguesa, Carabobo y Caracas.
En Venezuela existen 52 centros carcelarios, 35 albergan población masculina y una cárcel femenina con 16 anexos femeninos.
Lara tiene dos cárceles y dos anexos femeninos, ambos se encuentran en completo hacinamiento, según la información que han aportado fuentes internas de los penales y las diferentes organizaciones dedicadas a los derechos de los privados de libertad.
El calvario tanto para los detenidos como sus familiares comienza desde el momento que deben trasladarse hasta los penales, pues algunos residen fuera del estado y otros viven al oeste de Barquisimeto. Las personas deben llevar alimentos y pasarlos por paquetería.
«En ninguna de las cárceles están dando comida, a veces lo que les dan es granos. Cuando puedo le traigo a mi hijo una bolsa de comida para que él pueda comer bien, pero de verdad necesitamos que las autoridades penitenciarias se aboquen a esta situación», comentó la madre de un recluso de David Viloria.
Hay personas que deben realizar largos recorridos para poder visitarlos. Una señora, de 65 años, viaja desde San Felipe hasta Barquisimeto para poder ver a su hijo y entregarle alimentos, pues desde hace alrededor de cinco años se encuentra recluido allí.
«Le he pedido muchísimo a los jueces que me lo trasladen para el Internado de San Felipe porque se me hace más fácil, mi hijo se me está enfermando», dijo la señora.
El hacinamiento ha pasado factura fatal en la población reclusa, pues algunos han presentado enfermedades contagiosas, como la tuberculosis.
Esta enfermedad bacteriana infecciosa y que afecta principalmente a los pulmones ha sido la peor condena para los privados de libertad, debido a que tiene fuerte presencia en las cárceles y que sólo en el año 2022 murieron 55 detenidos por enfermedades, como la TBC y la desnutrición.
Prado indicó que las muertes de los privados de libertad desde el año 2017 van en ascenso y hasta 2022 han fallecido 1.032 personas privadas bajo la custodia del Estado venezolano, 44,86% de ellos por condiciones de salud.
Durante el año 2022, la región larense se ubicó en los primeros puestos de muertes de detenidos por enfermedades, registrando 21 en total, los demás estados con más muertes fueron Carabobo, Bolívar y Anzoátegui.
El abogado añadió que, lejos de buscar soluciones enfocadas al cumplimiento de los derechos humanos y fundamentales, la crisis penitenciaria se ha agudizado en los últimos años como consecuencia de la corrupción en el Ministerio de Servicios Penitenciarios y la falta de políticas efectivas para la reinserción social de los presos.
Los familiares han estado denunciando las condiciones en las que se encuentran los reclusos y la falta de atención médica. El 15 de febrero de 2022, Naili Rangel Navas, reclusa de Fénix, murió a causa de una cardiopatía congénita e hipertensión pulmonar.
Tanto el OVP como otras Organizaciones No Gubernamentales (ONG) alegaron que la muerte de la dama se produjo por desatención de las autoridades del penal a sus patologías.
Alertan por casos de suicidios
Los casos de suicidios registrados en los centros penitenciarios y calabozos policiales han causado alerta en las ONG de defensa de los derechos de privados de libertad.
Humberto Prado, director y fundador del OVP, destacó que en los últimos años lo que ha visto nuevo es la figura del suicidio dentro de las cárceles.
«De esta manera, aprovechamos la oportunidad para asegurar que ninguno de los centros de reclusión del país cuenta con entidades y apoyo profesional especializado dedicado a la salud mental, aun cuando el contexto de privación de libertad lo amerite indispensablemente», es parte de lo que indica el informe.
LA PRENSA pudo conocer que en las cárceles se han registrado 24 suicidios; sin embargo, a partir del año 2020 aumentaron los casos y ocurrieron siete dentro de las cárceles y cuatro en calabozos policiales.
La corrupción es la principal característica de las cárceles
La corrupción dentro de las cárceles sigue siendo un tema de nunca acabar, así lo describen los familiares de privados de libertad que aseguran que deben pagar hasta por comida.
Las quejas por la falta de comida son el pan de cada día en los centros penitenciarios, desde hace tres años aproximadamente han estado denunciando que en David Viloria y Fénix hay presuntas ventas de alimentos a los privados de libertad a través de un pago móvil.
Presuntamente, los custodios penitenciarios y otros reclusos encargados de la cocina se dedican a vender la comida, por lo que algunos presos en medio del desespero por hambre terminan accediendo y comprando los alimentos.
Pero esto no es el único caso que ocurre con cobros dentro de los centros penitenciarios o calabozos policiales. El OVP aseguró que en la comisaría de la PNB, mejor conocida como «Pata ‘e Palo», ubicada en la avenida Libertador, desde hace más de 2 años cancelan una «causa» mensual y en ocasiones la cobran quincenal.
Destacaron que esta comenzó en 5 dólares y ahora aumentó a 10 dólares, aunque hay privados de libertad que les toca cancelar hasta 20 dólares, dependiendo de las comodidades que quieran. Los familiares denunciaron al OVP que la causa es pagada a otro recluso.
También han denunciado que hay detenidos que han sido trasladados a otras celdas, presuntamente, para presionar a que paguen la «causa» y no sean llevados a las celdas más candelas de la comisaría.
A través de un comunicado que hicieron llegar hasta LA PRENSA, los familiares de detenidos, que por temor a represalias no quisieron identificarse, aseguraron que en la comisaría les cobran (sin señalar a responsables) por cada visita, que por media hora, presuntamente, puede costar cinco dólares.
Incumplen medidas provision
Ocho cárceles tienen medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una de estas es el Centro Penitenciario David Viloria, antigua cárcel de Uribana, que desde 2007 tiene una medida.
La Resolución de la CIDH resolvió de requerir al Estado que adopte, de forma inmediata y definitiva, las medidas provisionales que sean necesarias y efectivas para evitar la pérdida de vidas y los daños a la integridad física, psíquica y moral de todas las personas que se encuentran privadas de libertad.