Jennifer Orozco | LA PRENSA de Lara.-& ;Decía que tenía muchos amigos fiscales y jueces, pero al final quedó con los ganchos puestos y sin defensa. Una abogada, que fungía como consejera del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente de Palavecino (Cpnnap), fue detenida por funcionarios del GAES-Lara, después de presuntamente extorsionar a una mujer, exigiéndole la cantidad de 800 dólares a cambio de «no ponerla presa».
La víctima de extorsión es la hermana mayor de una muchacha de condición especial. Esta joven discapacitada hace 3 años se embarazó de otro muchacho, paciente psiquiátrico. La víctima al ver que el recién nacido podía quedar desprotegido, hizo trámites para poder ser la tutora legal del infante. Pasaron 3 años y el papá del niño volvió, queriendo verlo y darle el apellido.
Este se fue hasta el Cpnnap y habló con la consejera, quien de inmediato contactó a la tutora legal del niño. Según fuente militar, una vez que la mujer llegó a la oficina, la abogada dijo que podía «meterla presa«, por quedarse con el niño ilegalmente, pero que si ella le daba 800 dólares, la abogada hablaría con jueces y fiscales para que esto no sucediera.
La víctima pasó 2 días recibiendo más de 10 llamadas y mensajes diarios de la abogada, quien le decía que la iba a meter presa. La víctima fue varias veces hasta el Cpnnap a explicar la situación de su hermana, de quien se hace cargo también. La fuente revela que la abogada no revisó el caso, sino que siguió llamando y amenazando a la víctima.
La víctima se fue hasta la sede del GAES- Lara, donde denunció la situación. Los funcionarios cuadraron una entrega controlada en una panadería en El Trigal de Palavecino. Allí llegó la abogada, acompañada de su hermano y su esposo, retirando el sobre que simulaba el dinero, pero antes de salir, los militares les pusieron los ganchos.
Los detenidos fueron identificados como Gladys Coromoto Hernández Castillo (37), quien es la abogada; Juan Guillermo Hernández Castillo (38), hermano de la abogada, y Álvaro José Santana Fernández (37), esposo de la funcionaria, quienes quedaron a la orden de la Fiscalía Cuarta del estado Lara.
Extraoficialmente se conoció que algunos abogados ya han hecho estas prácticas ilegales, amenazando a las víctimas con conocer jueces y fiscales, siendo falso. El GAES invita a denunciar.