Euseglimar González | LA PRENSA DE LARA – La falta de control para nuevos ingresos a los cuerpos de seguridad abre puertas a un historial delictivo, debido a que no se vigila el perfil del futuro funcionario. En los últimos tres años en Lara han detenido al menos 49 funcionarios por estar inmersos a delitos de corrupción como extorsión, robo, fuga de reclusos, droga y trato cruel.
De los 49 funcionarios detenidos, 20 pertenecían a la Policía del estado Lara (Polilara), 19 a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), siete eran del Cicpc y tres militares, según las cifras que registró LA PRENSA DE LARA y otros medios de comunicación larense.
El caso más reciente fue la detención de un PNB, adscrito a la Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE), antigua (BTI) por una presunta extorsión de 200 dólares.
La detención ocurrió en la avenida Libertador cerca de La Botella en Bararida, tras una denuncia de una presunta extorsión que recibieron los funcionarios del Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES), adscritos al Conas.
Durante los últimos tres años también han sido detenidos funcionarios que cometieron homicidios y otros que fueron cómplices en fuga de reclusos y que, presuntamente, recibían dinero en moneda extranjera.
Un escandaloso caso ocurrió en mayo de 2019, cuando 13 reclusos del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Río Claro de Polilara planearon su fuga y en medio de la huida asesinaron a una oficial.
«Iba a ser una fuga masiva, pero todo se salió de control cuando mataron a la policía» aseguró en ese entonces el padre de uno de los reclusos evadidos.
Para ese año, el plan y fuga de los reclusos destapó la supuesta corrupción que existe en calabozos policiales entre detenidos y funcionarios.
A los reclusos que se iban a evadir esa noche los iban a estar esperando unos carros frente a la comisaría, pues la mayoría de ellos, aparentemente, ya habían comprado pasajes para Colombia y el autobús los esperaba en el Terminal de Pasajeros, pero la fuga fue frustrada y solo se evadieron 13.
Para esa fecha, LA PRENSA DE LARA& ;pudo conocer que tres oficiales de Polilara fueron detenidos por su presunta cooperación con la fuga.
Luis Izquiel, abogado y criminólogo, explicó que en los últimos tiempos las cifras de detenidos dentro de los cuerpos de seguridad han aumentado y a su juicio se debe a varias razones, pero la primera es que las autoridades que seleccionan a los futuros policías no están evaluando su perfil. «Prácticamente están metiendo a cualquiera y ese es el error», dijo.
Izquiel detalló que hay denuncias donde aseguran que un porcentaje de funcionarios que ingresan a los cuerpos de seguridad tienen registros policiales. «Deben tener condiciones morales idóneas para tener insignia y armas».
Sin control interno
Para algunos ciudadanos el control interno dentro de los cuerpos de seguridad ya no existe, pues recordaron que antes podían dirigirse hasta la comisaría y denunciar cualquier hecho de corrupción o falta que cometiera un funcionario.
«Se podía denunciar si un funcionario golpeaba a su esposa o sacaba un arma de fuego cuando tomaba», comentó Anais Dorante, administradora.
El abogado Izquiel destacó que en efecto esto se hacía con el fin de que los jefes canalizaran las denuncias y se evaluaba si se aplicaban correctivos a los policías o se destituían de los cargos.
«Ahora prácticamente los controles internos de cada cuerpo de seguridad no existen o no están funcionando como debe ser», comentó el abogado.
«Matraque o» en alcabalas
La corrupción inicia desde el «matraqueo» en las alcabalas por parte de funcionarios de seguridad, así lo explican los expertos en leyes y criminalística.
Para la ONG Transparencia Venezuela, solicitar dinero durante un procedimiento policial, allanamientos arbitrarios, privación ilegítima de libertad, retención de documentos de identidad, torturas y tratos crueles, son los delitos más frecuentes en los que incurren los funcionarios.
Transparencia Venezuela en su manual para denunciar la corrupción detalla que esa es la vía más idónea para sanear los cuerpos de seguridad en el país.
Las personas pueden dirigirse al Cicpc o Ministerio Público para denunciar cualquier delito que haya cometido un funcionario.
Jefes le meten el ojo a las denuncia
«Todas las actuaciones la estamos llevando nosotros, enmarcados en el plan de autodepuración que cometemos desde la propia FAES, no vamos a permitir desviaciones policiales», declaró Miguel Domínguez, director nacional del grupo élite de la PNB.
Estas declaraciones ocurren luego que, el 31 de enero se hiciera pública la aprehensión de Kenndy Rodríguez, jefe de las FAES en Monagas, junto a otros seis uniformados por el delito de secuestro agravado.
Douglas Rico, director del Cicpc, también ha sido implacable con las detenciones de sus funcionarios, que han estado inmersos en delitos. Ha declarado que el cuerpo detectivesco no permitirá «las malas praxis policiales«.
En 2019, Tarek William Saab declaró que desde 2017 al menos 559 funcionarios, entre policías y militares, han sido señalados por el Ministerio Público (MP), de estar implicados en los delitos de extorsión y secuestro.