- Imputan a Wilber Garcés Pérez por agresión federal tras supuestamente intentar embestir a funcionarios de ICE en Texas.
- La defensa sostiene que el acusado no asistió a su cita judicial por un problema con la notificación de su dirección.
Fiscales federales en el estado de Texas anunciaron la presentación de cargos por agresión contra Wilber Rafael Garcés Pérez, un repartidor de nacionalidad venezolana de 28 años. El imputado resultó herido de bala en la espalda el pasado 20 de septiembre tras un incidente con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
De acuerdo con una denuncia federal presentada por Justin R. Simmons, fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas, los funcionarios le ordenaron a Garcés Pérez detenerse debido a la existencia de una orden definitiva de expulsión emitida por un juez. Según la acusación, el venezolano intentó huir, golpeó a un agente en el torso con el espejo retrovisor de su vehículo e intentó atropellar a otro funcionario.
Cargo que le imputan podría dejarlo enfrentando 20 años de prisión
En caso de ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión.
Los documentos judiciales detallan que el procesado entregó inicialmente su licencia de conducir, aunque no acató las peticiones para descender del automóvil. Asimismo, se señala que mantuvo una conversación en español sobre el estacionamiento del vehículo con uno de los agentes, la cual fue descrita en los escritos del tribunal indicando que “el tono de la conversación fue cordial y no agresivo”. Sin embargo, las autoridades afirman que aproximadamente un minuto después cerró la ventanilla de forma repentina y aceleró, iniciando el incidente.
Garcés Pérez ingresó a Estados Unidos en 2024
Garcés Pérez había ingresado a territorio estadounidense en 2024 mediante la aplicación CBP One, mecanismo establecido durante la administración del presidente Joe Biden para la programación de citas de evaluación de asilo, el cual fue cancelado por el presidente Donald Trump en su primer día de mandato.
Respecto a su estatus legal, la abogada de inmigración Kate Lincoln-Goldfinch afirmó que el procesado era solicitante de asilo y contaba con un permiso de trabajo válido. Explicó además que la orden de deportación en su contra fue emitida tras no presentarse a una audiencia judicial, debido a que “la notificación fue enviada a una dirección anterior”.
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