LA PRENSA DE LARA.- Las manifestaciones en las cuales participan los ciudadanos y ciudadanas para protestar por los hechos que consideren lesivos a sus intereses personales o colectivos, están protegidas por lo dispuesto con claridad en el artículo 68 de la Constitución al señalar que tenemos derecho a manifestar pacíficamente sin más restricciones que las establecidas en la ley. Esto último ha sido reconocido por la propia jurisprudencia del TSJ chavista en distintas sentencias de la sala constitucional, por lo que entendemos que lo ocurrido en el mes de enero de este año en relación con el reclamo de los trabajadores al patrón, que es el régimen de Nicolás Maduro, ha sido total y absolutamente pertinente y ajustado a un principio internacional sobre la progresividad de los derechos sociales.
Sin embargo hemos visto como la repuesta del «presidente obrero» ante estos planteamientos del sector público, sobre todo los educadores y los de la salud, ha sido desproporcionada y violatoria de los derechos humanos que garantizan la vida de las personas y el respeto a su integridad física y psíquica. Y cuando hablamos del derecho a la vida es porque esto guarda relación directa con la calidad de vida que debe el estado proporcionar a los trabajadores y brindar garantías de que esto va a ser respetado a través de las reivindicaciones sociales y de la libertad sindical para el reclamo de un salario justo que es lo exigido en forma permanente dada las condiciones sociales y económicas críticas que existen en el país que impiden el normal desarrollo de las familias.
Ya hemos visto y oído por todos los medios de comunicación libres y plurales que los mecanismos para repeler estas manifestaciones ha sido el de tratar de comprar la conciencia de los trabajadores pagándoles bonos; amenazar con enviar, las propias fuerzas de seguridad, los colectivos armados; de preparar expedientes amañados para enjuiciar a los dirigentes sociales; perseguir, acosar y detener a los directivos de los trabajadores y hasta de hacer desaparecer por la vía del secuestro a familiares de los dirigentes para tratar de callarlos pensando, quizás, que de esta forma pueden detener estos reclamos.
Aquí en Lara, tenemos que decirlo, el Gobernador Adolfo Pereira ordeno la persecución del dirigente de los trabajadores de la Gobernación del Estado Julio Marín Cordero a través del SEBIN, pero además se produjo la desaparición física y secuestro de su hijo Julio Marín Castañeda por funcionarios encapuchados, lo cual fue denunciado en la Fiscalía Superior y rechazado por todos los sectores de la sociedad larense. Esperamos Justicia.& ;& ;
Por: Guillermo Palacios& ;
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