LA PRENSA DE LARA.- El desespero del régimen ante la inminencia del proceso electoral para el año 2024 y la posibilidad cierta de perder el poder lo está orientando nuevamente a tomar decisiones inconstitucionales e ilegales a través de los órganos del poder público que los controla a su antojo convirtiéndose en la punta de lanza para la represión selectiva en todos los órdenes y contra todas aquellas personas que sean incomodas para la persecución de sus fines últimos que es el de mantenerse en el poder, como sea, para continuar medrando con los dineros públicos y obtener enriquecimientos indebidos a costa del hambre, la miseria y el empobrecimiento brutal del pueblo venezolano.& ;
El 4 de Julio de 2.019 la Dra. Michael Bachelet señalo en su informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela lo siguiente: «Durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático…», señalando nosotros que entre esas se encuentran las medidas en contra de organizaciones políticas al judicializarlas mediante intervención del Tribunal Supremo de Justicia para colocar directivas que respondan a los intereses del régimen tal como ocurrió con Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular e incluso organizaciones aliadas de la plataforma gubernamental cuyos directivos se han separado del régimen por disentir de las políticas sociales y represivas del mismo y por ello han sido intervenidas para obtener beneficios electorales, todo lo cual violenta un principio constitucional fundamental que es la separación de poderes y derechos de los ciudadanos establecidos en las disposiciones 67 y 273 de la Constitución donde se garantiza la constitución de organizaciones con fines políticos, siendo competencia del Consejo Nacional Electoral las solicitudes de constitución, renovación y cancelación de organizaciones con fines políticos, LA DETERMINACIÓN DE SUS AUTORIDADES LEGÍTIMAS y sus denominaciones provisionales, colores y símbolos. De manera que nosotros rechazamos esta violencia que ejerce el régimen sobre los ciudadanos al impedirles que tomen sus propias decisiones en relación con las organizaciones políticas donde han decidido militar.
En este caso queremos rechazar y condenar la medida inconstitucional dictada por el régimen a través del TSJ contra el Partido Comunista de Venezuela, por desmarcarse de sus políticas sociales y económicas que son flagrantes violaciones a los derechos humanos de los venezolanos.& ;
Escrito por: Guillermo Palacios& ;
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