William Croes | LA PRENSA.- Las zonas populares son las que menos pagan los servicios básicos. Tanto Hidrolara como Imaubar registran un elevado índice de morosidad en la cartera de usuarios de los estratos más bajos de la ciudad, a pesar de que tienen tarifas sociales fijas que son muchas más económicas que las otras residenciales.
La parroquia Juan de Villegas es donde se concentra la mayor cantidad de morosos. Las gerencias comerciales de ambos organismos señalan que se les dificulta la cobranza porque además de ser la parroquia más grande y de mayor densidad poblacional, está plagada de invasiones y tienen un menor control de
los usuarios.
En el pago de servicio de aseo mensualmente las familias de la residencial social debe pagar 200 bolívares, son los que menos sintieron el impacto del 70% de incremento que tuvo la tarifa.
Mientras que en las zonas populares deben pagar 400 bolívares por el servicio de agua, lo que representa al 3% del salario mínimo tal cual lo establece una gaceta a nivel nacional.
“Son pagos realmente bajos, que tienen un carácter social, pero igual incumplen”, expresa Miguel Rojas, presidente de Imaubar, quien asegura que la tarifa residencial es la que mayor morosidad tiene si se compara con la comercial e industrial que cancelan al día porque es un requisito para cumplir con demás impuestos.
En el caso de Imaubar, una piedra de tranca para el pago del servicio es la huelga que mantienen los trabajadores de las oficinas comerciales. Las personas al ver las colas y el retraso en la atención se van de las colas. ‘Es una falla que tiene una incidencia importante en la operatividad del instituto‘, señala Rojas.
Entretanto, Hidrolara después de tres recibos vencidos ha optado por activar la cuadrilla que suspende el servicio. “Cuando la cuadrilla de inspectores van a las zonas populares son agredidos, amenazados para que no les corten el servicio”, indica Pablo Arraez, gerente comercial de la hidrológica.
El incumplimiento con el pago de los servicios incide directamente en la prestación del servicio. Ambos organismos se sustentan con la recaudación del pago de tarifas, pero ante la morosidad se ven obligados a solicitar créditos adicionales a las autoridades.