William Croes | LA PRENSA.- Las obras de la Gran Misión Vivienda y los proyectos en los terrenos destinados Avivir van a paso de morrocoy. Colectivos pro vivienda y miembros del sindicato bolivariano de la construcción claman porque el Gobierno nacional le ponga el pie al acelerador y así apaciguar la necesidad habitacional y reactivar los puestos de trabajo.
En Lara, los seis proyectos de la GMVV tienen un tibio avance. Hay obras que en dos años todavía están en la fase de movimiento de tierra, lo que se conoce como terraceo, proceso que genera muy pocos puestos de trabajo y además está en los parámetros de 30% de avance.
En los terrenos se trabaja con intermitencia. Hay días que se observa una gran cantidad de máquinas moviendo terreno en las obras de la avenida Venezuela y en la avenida El Placer de Palavecino (detrás de Farmatodo de La Ribereña), pero luego se paralizan por más de una semana. Este accionar irregular es lo que ha disparado la crítica de colectivos pro viviendas y grupos sindicales en la entidad. “Hay dificultad para conseguir el material clasificado, el relleno y los materiales de primera cuesta para que lleguen. No se puede tapar el sol con un dedo”, confiesa Joe Zapata, representante del Sindicato Bolivariano de la Construcción, quien asegura que paulatinamente las obras recuperarán su ritmo y saldrán del bache.
Zapata asegura que hay entre 300 y 400 trabajadores en las obras de la GMVV. Pero cuando se reactiven todas y tengan mayor avance pueden duplicar la cantidad de puestos de trabajo, tomando en cuenta que en Lara hay una tasa de desempleo de más de 6 mil empleos directos en el sector construcción. Carlos Sieveres, representante del colectivo “Livertadores”, asegura que dentro de la GMVV se ha caído en el juego capitalista. “Hay funcionarios que han jugado al retraso de obras porque no quieren entender que el pueblo debe tener acceso a viviendas dignas”.
De los 13 terrenos Avivir que hay seleccionados en Lara solamente dos están en fase de ejecución. En la mayoría de casos los proyectos han caído en un limbo jurídico con los dueños de los terrenos y ha costado conformar las organizaciones sociales para emprender la marcha.