EFE | LA PRENSA.- El instituto checo de derechos humanos Casla, que ha presentado varias denuncias por torturas contra el gobierno de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI), alertó este martes 29 de mayo de un «recrudecimiento de la represión sistemática».
El centro, dirigido por la abogada venezolana Tamara Sujú, que ha recibido asilo en República Checa, denuncia detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas en los últimos días.
El observatorio precisa que «el régimen ha iniciado una férrea persecución contra miembros activos de las Fuerzas Armadas y de su entorno familiar y de amistad, que suman hoy más de 40 personas detenidas y por lo menos cuatro civiles desaparecidos».
Entre los militares detenidos se encuentran los generales Pedro Naranjo Suárez y Nelson Morales Guitian, mientras que entre los civiles apresados figuran Jorman Ortiz, Hebert Ramírez y el médico cirujano José Marulanda.
Casla alertó sobre la «práctica del delito de desaparición forzada», cuando familiares y amigos de personas que están siendo perseguidas por razones políticas son secuestrados entre uno y varios días.
El observatorio achaca estas prácticas a funcionarios de organismos de inteligencia como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contra inteligencia Militar (Dgcim), así como al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
También estarían involucrados, según Casla, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y la Brigada de Asuntos Especiales (BAE).
Tras ser puestos en libertad, «estas personas han denunciado haber sido sometidos a torturas y tratos crueles e inhumanos, para tratar de sacarles información sobre dónde se encuentran aquellos familiares a quienes están persiguiendo», señala el observatorio.
Casla remitió en enero al CPI un último expediente con 38 nuevas denuncias de malos tratos y torturas en el país caribeño, basadas en los testimonios de las supuestas víctimas.
Desde mayo de 2016, el observatorio checo ha presentado un total de cuatro expedientes con los casos de que tiene noticia, con el fin de promover una investigación por parte de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
Hasta el momento, esos casos afectarían a más de 600 personas.