La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad este jueves una nueva Ley de Minas, compuesta por 131 artículos, que busca transformar el sector extractivo del país.
Esta norma deroga la legislación vigente desde 1999 y surge en un contexto de renovado interés internacional, particularmente tras la reciente visita a Caracas del secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, y la emisión de licencias por parte del Departamento del Tesoro estadounidense para la comercialización de oro.
El nuevo texto legal abre formalmente el sector a la inversión privada y extranjera en sus primeros doce artículos. Además, introduce mecanismos de mediación y arbitraje para la resolución de conflictos, una medida orientada a brindar seguridad jurídica a los capitales internacionales que deseen operar en el territorio nacional.
Restricciones a funcionarios y beneficios estatales
Un aspecto relevante de la normativa es el artículo 74, el cual establece una prohibición estricta para que funcionarios del Estado y sus familiares obtengan títulos mineros o participen como accionistas en sociedades mercantiles del sector. Esta restricción se mantiene vigente hasta cinco años después de haber cesado en sus funciones públicas.
En cuanto a la comercialización, el Banco Central de Venezuela (BCV) conserva el «derecho preferente» para la compra del oro obtenido en cualquier actividad minera dentro del país. Asimismo, el artículo 91 estipula que las regalías a favor del Estado serán de hasta el 13 % sobre la producción bruta, calculadas sobre el valor comercial del producto final. El Ministerio de Minería tendrá la facultad de exigir estos pagos tanto en efectivo como en especie.
Ley de Minas incluye protección ambiental
La ley también refuerza el control estatal sobre recursos críticos. El artículo 36 señala que el Estado podrá reservarse la explotación, beneficio y comercialización de minerales radioactivos por razones de interés público y carácter estratégico. Esta reserva garantiza que los materiales de alta sensibilidad permanezcan bajo estricta supervisión gubernamental.
En materia ecológica, la normativa endurece las sanciones por actividades mineras ilegales. El artículo 124 impone penas de entre 10 y 15 años de prisión para quienes realicen explotaciones en áreas bajo régimen de administración especial de protección ambiental. Este apartado busca mitigar el impacto de la minería en zonas sensibles del país.
Contexto geopolítico y empresarial
El impulso de esta ley, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, responde a un acercamiento comercial con Estados Unidos. Tras las gestiones diplomáticas de Doug Burgum, se confirmó que diversas empresas estadounidenses tienen interés en operar en Venezuela.
Como consecuencia directa de estos acercamientos, el Departamento del Tesoro de EE. UU. ya ha autorizado licencias específicas que permiten ciertas actividades relacionadas con la explotación y el comercio del oro venezolano.
Con información de EFE.