Agencias | LA PRENSA DE LARA.- Jorge Soto, representante legal de la Asociación Nortesantandereana de Personas con Diversidad Funcional, afirmó que la población en condición de discapacidad proveniente de Venezuela no ha encontrado ningún apoyo en Cúcuta.
«No existe apoyo para la gente de la región, menos para la de afuera. He visto a muchas personas que están en plena vía públicas buscando el día a día de la caridad humana», indicó al portal La Opinión de Cúcuta.
Señaló que aunque existe toda una legislación nacional, amparada en un marco jurídico internacional, no se cumple.
Soto explicó que que en la ciudad existía un centro de capacitación y rehabilitación para las personas en condición de discapacidad, sin embargo, tras el Decreto de emergencia por la pandemia estos espacios quedaron fuera de funcionamiento.
El número de personas en condición de discapacidad que ha llegado a Colombia desde Venezuela con vocación de permanencia o solo en tránsito aún se desconoce. Sin embargo, se espera que una vez concluida la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) el Estado colombiano maneje cifras más aproximadas de esta realidad.
Lucas Gómez, gerente de Fronteras de la Presidencia de Colombia, señaló que esperan que al concluir el proceso puedan concentrarse en crear nuevas políticas públicas para atender las necesidades de este sector de la población.
Un documento del Plan de Respuesta del Sector Salud al Fenómeno Migratorio del Ministerio de Salud de Colombia resaltó que en 2018 2,6% de la población presentó algún tipo de discapacidad, es decir 11.648 personas en condición migratoria regular.
Por otra parte, en abril de 2021 la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Red Latinoamericana de Personas con Discapacidad y sus Familias publicó un estudio en el que se alertó de que la asistencia brindada a las personas con discapacidad es limitada.
En el estudio se precisa que los beneficios a los que pueden acceder las personas refugiadas y migrantes dependen de su estadía regular en el país, pues la posibilidad de ser identificados como persona con discapacidad depende de dicho estatus.
«Esto significa que se debe incorporar un enfoque interseccional que entienda que una persona puede ser refugiada o migrante con discapacidad, lo que conlleva potencialmente a experimentar dos o más factores de discriminación y vulneración», indica el documento.
Fuente: El Nacional