Redacción | LA PRENSA de Lara.- La frontera terrestre entre Colombia y Venezuela por el estado Táchira, se ha convertido en el dolor de cabeza del Gobierno en estos tiempos de la pandemia del coronavirus, mientras que los llamados «trocheros» en la búsqueda de obtener dinero, realizan el paso de venezolanos sin control sanitario alguno.& ;
Maryerlin Villanueva | La Prensa de Táchira.-
Son 2 mil 219 kilómetros de un línea invisible que dividen a Colombia y a Venezuela, y que por muchos años, ha permitido un intercambio legal e ilegal entre ambos países.
Esta frontera, conocida como la más viva y caliente de Latinoamérica, ha permitido el paso de millones de personas, quienes antes de la pandemia por Covid-19 cruzaban por los puentes internacionales para buscar comida, alimentos o como tránsito hacia otras naciones desde que la crisis en Venezuela se agudizó.& ;
La diáspora venezolana producto de la crisis económica, política y social aceleró la huida de los venezolanos, quienes escaparon en búsqueda de un mejor futuro.
Según cifras de Acnur, 4,7 millones de personas, viven fuera del territorio nacional, la mayoría en países de América del Sur, mientras que otros 760 mil han solicitado asilo en diferentes Estados.
Sin embargo, no todos tomaron como opción salir del país, y por el contrario, se asentaron en el eje fronterizo, específicamente en los municipios Pedro María Ureña y Bolívar para dedicarse a actividades que les generaran ingresos y poder llevar el sustento a sus familias.
Producto de la emergencia humanitaria, no muchos la tienen fácil, quienes se ven obligados a dedicarse a ciertas actividades delictivas o informales para obtener dinero, y una de ellas, se ejerce en las conocidas «trochas».
Estos pasos ilegales, han sido usados muchos años para el contrabando de combustible, ganado, y material estratégico, que hoy día ha migrado o mutado hacia otros ámbitos, así lo considera el abogado, criminalista Jesús Alberto Berro.
«El contrabando se ha presentado desde los tiempo más remotos, desde la mismísima colonia, pues fue una figura que el mismo Gobierno español quiso acabar, luego vino la separación de Gobierno que la historia lo dice, y aún así el contrabando siguió y no dejó de cesar» dijo.
Producto de este hecho, «la criminalidad en Venezuela ha mutado pues anteriormente solo pasaban víveres, comestibles, calzado y ropa, y ahora, medicamentos, personas, y hasta nuestra signo monetario lo contrabandean» indicó.
Afirma que el contrabando a lo largo de los años, ha reforzado la industria criminal en el eje de frontera, y mientras exista un diferencial cambiario, esto se va mantener.
«El mercado entre Colombia y Venezuela es totalmente opuesto, ya que hay una economía libre en el vecino país, y nosotros la nuestra no sabemos como definirla, por tanto, mientras esta situación exista, el contrabando va estar allí siempre emergente».
Ante esto, señaló que debe mejorarse el modelo económico, pues pese a que se han implementado los mecanismos de control, éstos mismos han sido deficientes
«Se busca es que minimice a una expresión reducida este hecho, pero, para ello, se debe evaluar las políticas que están aplicando el Estado venezolano para contrarrestar esta figura, por ende, considero que es importante, para reducir la presencia de grupos irregulares, el concepto de inteligencia, pues si no se instrumenta este aspecto de carácter policial y militar, difícilmente la presencia de efectivos vayan a disuadir a estos grupos» acotó.
Sin control en trochas
Natasha Duque, miembro de la ONG Operación Libertad Internacional, señaló que estos pasos ilegales están normalmente abiertos y controlados por Ejército de Liberación Nacional ?ELN-.
«El Gobierno anuncia controles, pero verdaderamente quien controla los pasos ilegales son el ELN, ellos deciden cuando se abren y se cierran las trochas» expresó.
Quienes están en estos caminos verdes, usados para delinquir, «son personas que trabajan de forma informal, muchos de ellos son del municipio y otros que vienen del centro del pais».
Ahora, producto de la pandemia del COVID-19, los carretilleros que pasaban por el puente Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, se han visto en la necesidad de trabajar allí para lograr el sustento diario para la manuntención de su familia.
A su juicio, la frontera está sumida en una situación de vulnerabilidad por las fallas en servicios públicos, como, agua, luz, gas doméstico, medicinas, considerando esto como una violación a los derechos humanos de los ciudadanos.
«Quienes no viven de la parte comercial entran a estos grupos al margen de ley, ya sean colectivos o grupos del ELN, quienes reclutan a nuestra juventud al no tener recursos para llevar a sus hogares, bajo la complicidad de algunas autoridades y organismos de seguridad» apuntó.
Los que trabajan para estos grupos, pueden llegar a obtener un sueldo de 800 mil pesos mensuales, mientras que el salario mínimo integral emitido por el Gobierno nacional es de 800 mil bolívares o lo equivalente a 14 mil pesos.
«San Antonio y Ureña se han convertido en pueblos fantasmas donde la ley no existe si no es controlada por grupos subversivos, a ello se suma las desapariciones forzosas, asesinatos por ajustes de cuentas, siendo estos hechos los que se ven hoy en día en la frontera» agregó.
En cifras
El gerente general de FundaRedes, Oswaldo Cáceres, puntualizó que en el estado Táchira se contabilizan 250 trochas, siendo las más conocidas y usadas las del CDI, La Playa, La Platanera, La Marranera, La Playita, entre otras, identificadas por nombres y números.
Producto del cierre de la frontera por la pandemia del COVID-19, se incrementó el número de estos pasos ilegales, algunas «artesanales» otras «industriales» que son usadas de acuerdo al fin que se requiera, bien sea para paso de combustible, víveres, sustancias psicotrópicas y tránsito de personas.
«Se dice que son territorio de nadie, pero, en realidad no lo son, porque quien mandan en estos pasos son los grupos armados irregulares»
Afirmó que al menos 10 grupos subversivos operan en esta zona, entre ellos, ELN, EFL, disidencia de las FARC, Los Urabeños, Los Ratrosjos, y colectivos, quienes se disputan el control del territorio para el paso de contrabando de extracción hacia Colombia.
Esta violencia, ha generado tres enfrentamientos en los últimos tres meses, 13 desapariciones en lo que va de año 2020, cinco, en el primer trimestre, y ocho en el segundo. Mientras que en homicidios, se han registrado un total de 21, nueve entre lo meses, enero, febrero, marzo y 13 entre abril, mayo y junio.
Cáceres expresó que este año se ha incrementado la violencia, esto debido a las restricciones que se han implementado en los pasos legales.
«Eso obliga a que una persona no utilice un paso normal como el puente para cruzar a través de la trocha, bien sea para comprar mercado, medicina, un producto, acudir al médico, ya que el paso formal está cerrado» añadió.
Los costos de las trochas pueden llegar a oscilar desde los 2 mil pesos hasta los 100 mil, esto variará de acuerdo al equipaje que se lleve la persona que está cruzando.
Aclaró que quienes trabajan en estos pasos, son personas del interior del país, que llegaron a la frontera para buscar un sustento para sus hogares, quienes son reconocidos por su acento, muy diferenciado al andino.
«Muchos de estos venezolanos viven debajo del puente, donde han improvisado hamacas, cambuches para poder descansar» expuso.
Estos caminos verdes aumentan la impunidad, pues las bandas criminales que cometen asesinatos en sectores de Pedro María Ureña y Bolívar, trasladan los cuerpos a estos sitios, dejándolos del lado colombiano, para que sean las autoridades del vecino país, los encargados del levantamiento del cádaver.
«Existe una permisividad por parte de los organismos de seguridad venezolanos para con los grupos irregulares para poder delinquir en estos pasos ilegales, que se han convertido en una mina de oro para ellos, donde se manejan grandes sumas de dinero» declaró.
Mencionó el director de FundaRedes, que desde San Cristóbal hasta la localidad de San Antonio, existen 11 controles compuestos por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y Guardia Nacional Bolivariana, quienes permiten el paso de conductores en vehículos que pagan para poder circular, olvidando que los municipios fronterizos se encuentran en aislamiento social.
Al otro lado de la frontera& ;
Wilfredo Cañizares, director de la fundación Progresar precisó que ha identificado 12 estructuras que operan en 114 pasos ilegales en la frontera colombo-venezolana, dedicados al contrabando, y narcotráfico.
Advirtió que este año 2020, será difícil en cuanto a violaciones de derechos humanos, violencia social y política, pues «las consecuencias de la pandemia ha golpeado muchos sectores en Cúcuta».
Más del 70% de lo habitantes de este municipio, viven de la economía informal y el 90% se de dedican al contrabando «el menudeo, y actividades delincuenciales de microtráfico, lo que demuestra que la violencia se va exacerbar en este semestre que inicia».
«Estamos anotando una reactivación de todas las actividades criminales, que en las primeras cinco semanas de la cuarentena estaban inactivas y a la expectativa de las medidas tomadas por el Gobierno colombiano, pero, a la fecha, las grandes rutas del contrabando ya se han reactivado totalmente».
En lo que va de 2020, el observatorio ha contabilizado ocho enfrentamientos, tres ocurridos en la frontera de Villa del Rosario y cinco en el área rural de Cúcuta.
«Esta es una frontera que está en manos de la criminalidad e ilegalidad, donde yacen una corrupción de ida y vuelta, es decir, se paga aquí, se paga allá, y para nosotros como ciudadanos, el Gobierno ni el colombiano ni el venezolano ha hecho suficiente» acotó.& ;
El peso es el que manda
Para el economista Aldo Contreras, el estado Táchira y la frontera está «colombianizada», pues más del 70% de las mercancías que se comercializan en bodegas, abastos, bodegones y supermercados son de origen colombiano, generando en pesos, más del 94% de las transaciones.
«En 2014 con el cierre de la frontera, comenzó un tratado común de libre comercio que permitió transacciones a través de las trochas, que no beneficia al Estado al no dejar aranceles, impuestos ni tributos para el desarrollo económico regional y nacional, dejando de ser la frontera más viva de Latinoamérica.
Afirmó que los productos siguen cruzando por los pasos ilegales, sin control sanitario, sin normas de cadena de frío para los productos cárnicos y de quesos, compitiendo con otros rubros y materias primas del mercado local.
«Esta es una realidad que existe pues el mercado está saturado de oferta de productos colombianos lo que ha permitido en pesos en algunos sectores bajar el precio y en otros como los servicios, aún siguen muy caros» concluyó.