Agencias | LA PRENSA DE LARA.- Funcamama, Cepaz, Acción Solidaria, Prepara Familia y Transparencia Venezuela suscribieron un comunicado en el que denuncian el incumplimiento de las medidas cautelares decretadas hace 3 años para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las mujeres que padecen cáncer de mama, por la falta de tratamientos médicos y farmacológicos.
En octubre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó una medida cautelar en favor de un grupo de mujeres con diagnóstico de cáncer que no recibían el respectivo tratamiento, instando al Estado venezolano a adoptar medidas inmediatas que posibilitaran el acceso a un tratamiento adecuado, incluyendo los medicamentos, según una nota de prensa.
En virtud de que han transcurrido 3 años sin que se hayan implementado los correctivos planteados y, por el contrario, como consecuencia del deterioro del sistema de salud pública, dos de las 12 beneficiarias han fallecido, organizaciones de la sociedad civil venezolana como la Fundación de Lucha Contra el Cáncer de Mama (Funcamama), el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Acción Solidaria, la Asociación Civil Prepara Familia y Transparencia Venezuela, denunciaron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el incumplimiento de las medidas cautelares, cuyo propósito era proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Señala el documento que por la falta de tratamientos médicos y farmacológicos a las pacientes oncológicas, debido a la corrupción imperante en Venezuela, el daño se ha extendido a nuevas víctimas que continúan sufriendo la suspensión de la dispensación oportuna y adecuada de los tratamientos necesarios, a pesar de la gravedad y urgencia de la situación expuesta.
Por tal motivo, las mencionadas organizaciones pidieron a la CIDH que proceda a solicitar medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la situación de extrema gravedad y urgencia que se denuncia, y que inicie de oficio un caso contra Venezuela por los mismos hechos, por tratarse de violaciones graves de derechos humanos resultado de actos de gran corrupción, que implican la responsabilidad internacional del Estado.
Fuente: El Nacional.