LA PRENSA.- La cifra equivale, en promedio, a unas 20 promociones de graduados de Comunicación Social que han tomado otros rumbos y acudieron ante al SindicatoNacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) para solicitar la credencialinternacional otorgada por nuestros aliados, la Federación Internacional de Periodistas (FIP), que les facilita el ejercicio profesional fuera de las fronteras.
El SNTP ofreció esta información en un informe en la víspera de la celebración del Día del Periodista, fecha que Marco Ruíz, secretario general del gremio, consideró oportuna para felicitar a los trabajadores de la prensa que a diario “luchan por mantener informada a la población sumida en el sesgo gubernamental y encondición extremas que representan un constante peligro para los reporteros”.
De acuerdo con la data manejada por el SNTP, fue 2016 el año en el que más comunicadores y reporteros gráficos solicitaron la credencial internacional para salir de Venezuela, alcanzando 247 solicitudes, cifra similar a la de 2014, endonde se tiene cuenta de 230 solicitudes con el mismo fin.
No obstante, el número no bajó demasiado en los años restantes: 230 reporteros hicieron la solicitud en 2012; en 2013 fueron 156; en 2015 fueron 174; en 2017 fueron 177, pero en apenas los primero seis meses del año en curso van 122 solicitudes ante el SNTP de carnets FIP.
Estas cifras fueron la motivación para que la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (Fepalc), firmara un acuerdo en el que considera la difícil situación que atraviesa el gremio periodístico en el país e instruye a todas las organizaciones afiliadas a ofrecer apoyo y amparo a los trabajadores de la prensa que deciden cruzar la frontera venezolana para probar suerte en otras fronteras.
“Impulsar la inserción laboral de los periodistas venezolanos en condiciones de igualdad y denunciar todas las situaciones de explotación de las que son víctimas por su temporal condición económica/social/profesional”, dice el acuerdo.
Siguen las agresiones
Muchos son los factores que influyen en la decisión de tantos reporteros venezolanos de salir del país, pero entre las causas que más impactan en el ejercicio está la censura impuesta por el Gobierno nacional y el cierre de medios por medidas directas o indirectas que buscan frenar y controlar la crítica y la contraloría social.
Prueba de ello es que durante 2018, unos 15 medios impresos, 4 medios digitales y una plataforma televisiva han sido afectados por la falta de insumos, sanciones y bloqueos que vienen por parte de los organismos del Estado.
Sólo en 2018, ocho diarios se han visto obligados a cerrar por la negativa de la corporación Alfredo Maneiro de vender los insumos para la impresión. En la lista están: Versión Final, de Maracaibo; La Prensa de Barinas, La Región de Oriente, El Impulso de Lara, El Tiempo (en el área Metropolitana), La Verdad de Monagas, El Oriental, Las Noticias de Cojedes. Además, los cuatro impresos: El Periódico de Monagas, La Verdad de Vargas, La Prensa de Monagas, Diario última Hora de Portuguesa se vieron obligados dejar de circular los fines de semana y otros dos (Visión Apureña y Diario Los Andes) decidieron pasar a semanario para rendir los pocos recursos que les quedan.
En cuanto a los ataques a los medios digitales, el SNTP contabiliza el bloqueo temporal y el inicio de un procedimiento administrativo contra El Nacional Web, el bloqueo parcial y continuos ataques al servidor que vive El Pitazo, el bloqueo temporal y los ataques de tipo masivo que ha vivido La Patilla y el reciente ataque al servidor de la plataforma Vendata.
De enero a junio de 2018 se contabilizan 213 hechos de agresión a los trabajadores de la prensa por distintas causas. De este número, 26 son ataques a los medios de comunicación por cierres, sanciones y bloqueos y 87 ataques a los trabajadores de la prensa, cifra recabada gracias a la red de delegados voluntarios del SNTP en todo el país.
De esta cifra se desprenden también 24 detenciones y 61 actuaciones violatorias de la libertad de expresión, de información y del derecho al trabajo que tienen como victimarios a los cuerpos de seguridad del Estado.