Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Aunque el presidente Nicolás Maduro haya catalogado de «tendencioso» el informe que el 15 de julio, en voz de Nada Al- Nashifm, presentó la oficina de la Alta Comisionada de la ONU ante los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas exponiendo la falta de independencia en el sistema de justicia en Venezuela y la violación sistemática de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca). Analistas políticos y ONG coinciden en que el contenido es determinante para elevar la presión internacional contra el gobierno y sumar un expediente adicional a la investigación que realiza la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los delitos de lesa humanidad que se han cometido en el país.
«La ONU es un organismo multilateral que se cuida mucho de ser percibido como imparcial, al seguir investigando lo que ocurre en Venezuela y pronunciarse, incide en que la comunidad internacional vea al gobierno como lo que es, un violador de DD.HH. y aquellas naciones que se mostraban neutrales o indiferentes ante la situación de Venezuela se pronuncien y exijan el cumplimiento de acuerdos internacionales que el país ha suscrito», explicó Radamés Graterol, politólogo.
Recordó que desde el 5 de julio de 2019, cuando Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU, emitió el primer informe escrito sobre la situación en Venezuela, países que se definen como socialistas, comenzaron a emitir posiciones claras contra Nicolás Maduro. «El ejemplo está en Argentina, Alberto Fernández, su presidente, no reconoce a Juan Guaidó como presidente interino, pero le exigen al régimen que permita elecciones libres y respete los DD. HH.«, comentó.
El experto mencionó que este informe tampoco da pie para que en Venezuela se registre una invasión internacional, tal como declaró el jueves 16 de julio Maduro. «La interrogante que los ciudadanos se hacen es si ese tipo de pronunciamiento ayuda a una salida inmediata del gobierno. La respuesta es no. Estas decisiones son muy largas, pero sí refuerza la posición de la Unión Europea, de Estados Unidos, de la mayoría de los países de la Organización de Estados Americanos», expresó.
Martha Tineo, defensora de DD. HH. y coordinadora de la ONG, Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), señaló que si bien este informe amplía el estudio de la violación de DD. HH. en el país, explicando que el primero presentado el año pasado y los dos pronunciamientos orales hechos por Bachelet se centraron en registrar la vulneración de los derechos políticos y sociales por la cantidad de detenciones arbitrarias registradas desde 2017 en el contexto de las protestas políticas, por las ejecuciones extrajudiciales a las que se le atribuyen grado de responsabilidad a cuerpos policiales como las FAES y por los casos de torturas aplicados a detenidos. Ahora la ONU amplía los casos de violaciones, cuando se refiere a la crisis socioeconómica que impulsan la emergencia humanitaria compleja, y al elevado nivel de impunidad provocada por la «poca independencia que tiene el Poder Judicial».
«Tenemos que tener claro que la Oficina para el Alto Comisionado de la ONU no es un tribunal, no juzga y en consecuencia no condena hechos, esta oficina forma parte del sistema universal del sistema de protección de DD. HH. y lo que hace es hacer un diagnóstico de lo que está pasando en un país determinado, en un período determinado, y por eso no es poca cosa que se diga que en Venezuela hay detenciones por razones políticas, hay tortura, ejecuciones extrajudiciales y que el Poder Judicial es un brazo ejecutor para la persecución política, si nosotros queremos ir más allá se debe acudir a la Corte Interamericana y la CPI «, comentó resaltando que la Alta Comisionada de la ONU ha hecho suficientes recomendaciones para que la condiciones en Venezuela cambien.
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