Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Tres días retenidos y sin acceso al municipio Tovar, estado Mérida, tuvieron los vehículos cargados con enseres, alimentos y medicamentos donados por voluntarios de la Iglesia Católica para atender a damnificados del deslave registrado en esa zona andina del país, que dejó como saldo 22 fallecidos y decenas de desaparecidos. La Iglesia Católica tuvo que sostener una intensa negociación con militares para que estos donativos no fueran centralizados ni manipulados por el Gobierno, ante el temor que no llegaran a los más necesitados. Lo que representa para sacerdotes defensores en derechos humanos, que el Gobierno sigue politizando el tema de la ayuda humanitaria, aún más en época electoral para no reconocer las carencias de servicios y falta de gestión pública que tiene el país.
Un video que se viralizó en Twitter del obispo auxiliar de Mérida, monseñor Enrique Rojas, enfrentándose a un guardia nacional que retuvo los cargamentos de ayuda, encendió las alarmas. Según contó el padre José Luis García, párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Tovar, una de las zonas más golpeadas por las lluvias, los diálogos con las autoridades se centraron en hacerles entender que Cáritas trabaja para ayudar a los más vulnerables, sin distinción política.
«Los militares querían que la ayuda humanitaria llegara a un centro de atención particular que no fuera de la Iglesia. Algunas autoridades se acercaron y se pudo negociar para evitar que círculos políticos se aprovecharan para su propio beneficio. Se permitió que la Iglesia en Mérida tuviera tres centros de acopio», expresó. Detallando que su parroquia atiende a las comunidades de Villa Dignidad, Las Acacias, La Meseta, donde 27 familias perdieron sus viviendas.
«Cuando los Gobiernos son excesivamente centralizados y autocracia es mucho más fácil que hechos como los de Tovar se registren. Los funcionarios de seguridad no tienen la capacidad de gestionar y supervisar la ayuda humanitaria porque todos están coartados a favor del régimen. En 2018, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), enviaba medicamentos a Venezuela, llegaban a manos del Gobierno que no los distribuía todos, pero los presentaban como si fuesen grandes logros de la revolución. Por eso, hasta las organizaciones internacionales consideran que no es fiable utilizar los canales gubernamentales para ayudar en el país porque se prestan para la corrupción», comentó el padre Alfonso Maldonado, de la Vicaría de DD. HH. de la Arquidiócesis de Barquisimeto.
Asegura que los organismos internacionales prefieren utilizar los canales de la Iglesia Católica, y de ONG que sean solventes y rinden cuentas para colaborar en el país.
«Todos los actores están convocados a la solidaridad y esto no puede ser de ninguna manera impedido por el Estado, por el contrario en una situación de emergencia el Gobierno está llamado a coordinar y a articular las acciones para responder a la gente, pero no lo hace porque no está en capacidad», indicó el sacerdote jesuita Alfredo Infante.
«En la Venezuela que vivimos corremos el riesgo de que todo se politice, porque hay una falta de institucionalidad, falta de democracia. Vivimos en un país de carencias y la población está huérfana porque no hay medicina, gasolina. Entonces el Gobierno pretende ocultar esa realidad e impedir que Cáritas, que es una organización internacional, brinde ayuda a quienes padecen por la emergencia humanitaria compleja», apuntó Oswaldo Araque, vicario de la Arquidiócesis de Barquisimeto.