Redacción | LA PRENSA DE LARA.- El fiscal general Tarek William Saab, acusó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de «vulnerar» el derecho a la defensa del gobierno de Nicolás Maduro en el examen preliminar que avanza por presuntos crímenes de lesa humanidad.
«El derecho a la defensa de Venezuela, según nuestro criterio, ha sido vulnerado», señaló en declaraciones transmitidas por el canal del estado. Saab condenó que no se tomen las consideraciones que ha tomado su administración sobre las pruebas presentadas en diferentes casos, que han sido precisos en sus informaciones.
«Hemos solicitado que se nos transmita información sobre el material y las pruebas pertinentes que estén en el examen preliminar, dado que hasta la fecha no se nos ha proporcionado información detallada de cuáles son los hechos investigados», comentó.
En sus declaraciones aseguró que «un grupo cartelizado para ir en contra de la democracia venezolana, asistió a esta fiscalía para denunciar prácticamente con una maniobra de muchísimos falso positivo que hemos ido desenmascarando»
Recordó que la fiscalía acudió a la sede de la CPI y sostuvo una reunión con la fiscal de la CPI el pasado 4 de noviembre del 2020 junto con el defensor del pueblo Alfredo Ruiz, para entregar un documento y el compromiso de la «cooperación» por parte del Ministerio Público con la fiscalía de la CPI para transmitir información.
«Entregamos con anexos con números expedientes con detalles de los casos respectivos que inclusive teniendo fuentes alternas, hemos podido ir en medio de una oscuridad avanzando para lograr el objetivo de la defensa en este caso de Venezuela», aseguró.
Tarek William Saab además informó que hoy 27 de mayo, el Ministerio Público presentó dos acciones, en el marco del Examen Preliminar del CASO VENEZUELA I «de gran importancia para el correcto desarrollo de la cooperación brindada por el Estado venezolano a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional».
En primera instancia presentaron una petición de cooperación judicial de acuerdo con lo previsto en el artículo 93.10 del Estatuto de Roma que se refiere a la organización, la colaboración entre la Fiscalía de la CPI y los Estados miembros del Estatuto de Roma y permite a estos pedir información a la Fiscalía de la CPI para cumplir con sus deberes.
«Por este motivo, hemos solicitado que se nos transmita información sobre el material y las pruebas pertinentes que estén en el examen preliminar», dijo.
Saab aseguró que no atender esta petición la CPI estaría quebrantando la praxis que ha realizado la institución, «sometiendo a un trato desigual y excepcional a nuestro país, que, por su parte, está dando muestras de la más efectiva colaboración».
En segundo lugar, el Ministerio Público presentó una Solicitud de Control Judicial, en virtud del artículo 46.2 del reglamento de la CPI, enviado a la Sala de Cuestiones Preliminares de dicha institución para que se pronuncie sobre la «inseguridad que inunda la fase de Examen Preliminar», además que corrija el trato que a su juicio ha sido desigual que se da a los diferentes países afectados.
«Estamos ante una oportunidad única para que se contribuya a asegurar que el trato que se dé a los países objeto de un Examen Preliminar sea justo e igualitario. Nuestra solicitud se fundamenta en un minucioso análisis de todos los casos que la Fiscalía de la CPI ha sometido a Examen Preliminar, que demuestra, sin paliativos, la actuación parcial e interesada que está sufriendo la República Bolivariana de Venezuela», dijo Saab.