Desde que el domingo 22 de febrero la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciara a través de su canal en Telegram, que en el país de desarrolla una «Constituyente Laboral», las especulaciones en el sector sindical se han desatado ante la expectativa que pueda cambiar la política laboral del Estado. Pero Wills Rangel, presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela (CBST) y diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV, aclaró al Diario de Lara, LA PRENSA, que nada más alejado de la realidad.
Especificó que se trata de una propuesta política, en donde no se contempla desmontar la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt), vigente en Venezuela desde 2012.
«Le han dado el nombre de Constituyente Laboral u obrera, pero es más política. Aquí no está planteado que se suspendan las funciones de la Asamblea Nacional. El objetivo es realizar asambleas y consultar a las bases permitiendo elegir a delegados entre los propios trabajadores de cada centro u organización. En esas asambleas se trata el tema laboral, la independencia tecnológica para aumentar la producción, el tema sindical y por supuesto la defensa de la patria», exclamó Rangel, quien pertenece a la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral del Parlamento.
Especificó que hasta el momento se han realizado 24.000 asambleas en el país tanto en empresas privadas como en públicas. Y se han escogido 130.000 delegados de base. Las reuniones han sido de manera presencial y las lleva adelante el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, la CBST y organizaciones sindicales del país. Incluso, a través del Sistema Patria los trabajadores pueden acceder a una encuesta y presentar propuestas sobre la Constituyente Laboral.
Sostiene que tanto en las mesas de diálogo entre el Gobierno, sector privado y centrales sindicales que se llevan a cabo en Venezuela desde hace cuatro años con presencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los empresarios han planteado reformar la Lottt, alegando que las prestaciones sociales son una carga, pero asegura que la clase trabajadora rechaza esta propuesta.
«La tendencia de los empresarios es a precarizar el poder adquisitivo de los trabajadores e imponer la política del Fondo Monetario Internacional (FMI), que tienen como regla la reducción del Estado, eso significa trabajadores despedidos, en la calle, y regulación del salario. Los empresarios piensan en sus intereses», refirió.
Alegó que así como se discute en la mesa de diálogo con la OIT, el Convenio 26, relacionado con los métodos para la fijación de salarios mínimos, en la denominada Constituyente Laboral se debate sobre la necesidad del incremento de los ingresos y el salario. El 23 de febrero, el ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, señaló que la presidente de la República, «pronto» ofrecerá información sobre el salario en Venezuela.
Respeto a la Constitución para el Trabajo
Representantes del Movimiento Sindical de Lara, exigen al Gobierno que se respete el artículo 91 de la Constitución, que establece que los trabajadores tienen derecho a un salario suficiente que les permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas. En marzo 2022, se registró el último aumento salarial en Venezuela.
«Aquí ha habido es un aumento del Bono de Guerra. Actualmente, un trabajador tiene que esperar 35 días para recibirlo a través del Sistema Patria y llega devaluado, porque es en bolívares cuando hay inflación. El salario real de un trabajador en el sector público, es menos de un dólar oficial», expresó Robert Sánchez, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos del Ejecutivo del estado Lara (Sepeel).
El Gobierno ha realizado desde octubre 2025, unas 24.000 asambleas con los encargados del gremio de trabajo obrero a nivel nacional