Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- «La transnacional estadounidense Chevron, luego de recibir la licencia especial para tener control de sus operaciones en Venezuela desde el 26 de noviembre de 2022 lo único que está dejando en el país es el salario de sus trabajadores. Ellos entregan dólares al Banco Central de Venezuela (BCV) y reciben bolívares que utilizan para pagar nómina. No están pagando regalías ni Impuesto Sobre la Renta (ISLR). La factura de su producción que venden a Estados Unidos, en sus propias refinerías, va para amortiguar la deuda que tiene Pdvsa», así lo explicó Rafael Quiroz, economista petrolero y jefe de cátedra petrolera de la UCV.
Esa deuda en enero de este año ascendía a $3.230 millones, Quiroz alega que Chevron está produciendo un promedio anual de 143 mil barriles diarios. «La inestabilidad política y económica de Venezuela impide a petroleras como Chevron, Eni o Repsol invertir en el país. Prefieren los proyectos petroleros que están fuera de Venezuela. Chevron invirtió 55 mil millones de dólares en Guyana, mientras que aquí no ha colocado ni un dólar. Si invirtiera unos $5.000 millones se lograría reparar las refinerías Amuay y Punta Cardón, pero no lo hacen por la inseguridad jurídica que hay en el país«, refirió.
El 18 de octubre EE. UU. generó un amplio alivio de sanciones petroleras para Venezuela. ¿Eso se traduce en mayor producción para el país?
Soy un poco escéptico al respecto porque creo que las empresas transnacionales o corporaciones petroleras son muy cautas a la hora de invertir en un país, que como Venezuela está sometido a sanciones. Las licencias concedidas es para operar por un período de seis meses, y su renovación está sujeta a que el gobierno de Nicolás Maduro cumpla con los acuerdos firmados con la oposición en Barbados. Debido a esa incertidumbre política que por lo menos se mantendrá hasta el segundo semestre de 2024, cuando se realicen elecciones presidenciales, entonces estas corporaciones transnacionales no creo que estén dispuestas a arriesgar su capital en un plazo de seis meses.
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