Esto ocurre luego de que el TSJ dio un plazo de tres días a la Contraloría para remitir al ente judicial los documentos que soporten la decisión de la sanción política.
Venezuela entra en una fase de crecimiento histórico impulsada por su retorno al mercado energético de EE. UU. bajo la estrategia "Monroe 2.0", obligando al sector privado a modernizarse para sobrevivir a la competencia internacional.