LA PRENSA DE LARA | EFE.- La demanda interpuesta por el gobernador del estado Carabobo, el chavista Rafael Lacava, contra dos activistas que pidieron una investigación sobre su responsabilidad indirecta en ejecuciones extrajudiciales representa, según varias ONG de Venezuela, un cerco progresivo a entidades pro derechos humanos.
El pasado 17 de mayo, Marino Alvarado y Alfredo Infante recibieron la notificación de la demanda por difamación de Lacava, quien consideró que la solicitud de los activistas atentaba contra su honor.
Según el Código Penal venezolano, la difamación es «un delito consistente en acusar de un hecho concreto que ataca el honor o la consideración de una persona» y lo cometerá quien «hubiere imputado a algún individuo un hecho determinado capaz de exponerlo al desprecio o al odio público».
No obstante, Alvarado e Infante no acusaron a Lacava de ningún hecho concreto, sino que se limitaron a solicitar una investigación para averiguar si el delito se ha cometido o no.
Alvarado, coordinador legal de la ONG Provea, indicó en una rueda de prensa el pasado 19 de mayo que la demanda es parte del «cerco que progresivamente se le ha venido haciendo a las organizaciones de la sociedad civil» que acompañan a sectores populares en sus demandas por los derechos humanos.
La demanda, explicó Provea, tiene lugar luego de que el pasado 14 de marzo ambos activistas participaran en la presentación del informe Lupa por la Vida, durante la cual se aseveró que «la Policía del estado Carabobo es de las más letales en Venezuela, con 221 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Se debe investigar al gobernador Rafael Lacava».
«Yo le quiero dar un mensaje al gobernador Lacava (…) nuestro informe no es contra ningún gobernador, no forma parte de una campaña para desprestigiar absolutamente a nadie, es un informe para visibilizar el grave problema de las ejecuciones extrajudiciales en el país», agregó Alvarado.
El informe señaló que en 2021 se registraron 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, un descenso de casi 60% con respecto a 2020 cuando hubo 3.034.
Agresiones en aumento
La directora de la ONG Centro para los Defensores y la Justicia, Marianna Romero, explicó a Efe que en los últimos tres años se han incrementado las agresiones contra activistas de derechos humanos y organizaciones humanitarias.
«En 2019, registramos 135 agresiones; esta cifra se duplicó en 2020 con 303 y en 2021 el Centro para los Defensores y la Justicia registró un incremento de 145% con 743 agresiones, y entre enero y abril (de 2022) ya hemos superado otras 100», afirmó.
Romero sostuvo que se retoma el uso del derecho penal para «criminalizar, perseguir» bajo la lógica del «enemigo» donde «toda persona que esté promoviendo, documentando, exigiendo derechos humanos fuera de los intereses del Estado es un traidor, es un enemigo».
Esta situación, en su opinión, ha llevado a que se limite el trabajo de las organizaciones, donde los principales perjudicados son las víctimas, que, «ante la falta de respuesta del Estado, son las organizaciones quienes los acompañan y si las organizaciones se ven afectadas en ese acompañamiento, las dejan en una situación de mayor desprotección».
La activista recordó que en 2020 se produjeron varios allanamientos contra sedes de las ONG Prepara Familia, Acción Solidaria, Alimenta la Solidaridad o Convite, y en 2021, aumentó la judicialización con el caso del director de Fundaredes, Javier Tarazona, quien se encuentra detenido desde el pasado 2 de julio.
Preocupación internacional
El pasado 17 de marzo, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, alertó de la persistencia del acoso a activistas en el país.
En su informe actualizado, Bachelet denunció 93 ataques al espacio cívico y democrático desde el pasado septiembre, incluyendo 24 casos de criminalización y amenazas a activistas de la sociedad civil, periodistas y otros elementos.
Asimismo, AI, el Foro Penal y el Centro para los Defensores y la Justicia revelaron en un informe de febrero pasado que, entre enero de 2019 a junio de 2021, los medios de comunicación públicos han utilizado espacios para «atacar, exponer y hostigar a personas que son percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro», en su mayoría activistas.
Además, unas 500 ONG, venezolanas e internacionales, suscribieron un comunicado en el que advierten y rechazan el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, que busca aprobar el Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista.
El proyecto busca, según las organizaciones, crear un «nuevo sistema sancionatorio» con la «potestad de ‘prohibir, suspender, restringir o eliminar definitivamente’ a cualquier asociación que, a criterio discrecional del Ejecutivo, se considere que promueva o participe de forma directa o indirecta en actividades contrarias a los intereses del gobierno», apostillaron.