Agencias | LA PRENSA DE LARA.- La ONG Espacio Público registró, al menos, 390 casos y 965 violaciones del derecho a la libertad de expresión en Venezuela durante el año 2020, así lo refleja en su informe anual «Situación del Derecho a la libertad de Expresión e Información», reseña El Nacional.
La mayoría de los casos registrados (60%) ocurrieron en el primer semestre del año. Destaca que, en enero de 2020, la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional (AN) derivó en impedimentos a la cobertura periodística de ese día. Esto cuando miembros de al menos 38 medios nacionales e internacionales no pudieron acceder al Palacio Federal Legislativo.
Enero cerró con 30 casos relacionados con restricciones a la libertad de expresión. Aunque, a partir de la detección de casos positivos de covid-19, hubo un incremento en el número de casos documentados. Marzo, el mes con mayor cantidad de casos durante 2020. Cerró con 62 casos, seguido por abril y mayo, con 42 y 46 casos.
Con 965 denuncias de violaciones, 2020 solo es superado por 2017 y 2019 en cuanto a total de violaciones registradas. De igual forma, los actos de intimidación fueron los más comunes entre las 965 violaciones registradas en 2020 por Espacio Público. Esto con al menos 356 de ese tipo (36,89 % del total).
Ejemplo de ellos fueron negativas a acceder a edificios públicos o espacios como bombas de gasolina y restricciones a la libertad de desplazamiento. Además de amenazas de funcionarios de aplicar sanciones a través de organismos gubernamentales, espionaje o seguimiento de periodistas, entre otros.
El informe de Espacio Público también da cuenta de que, al igual que en años anteriores, en 2020 persistieron las detenciones arbitrarias vinculadas al ejercicio del derecho a informar y estar informados: al menos 110 personas fueron detenidas por buscar o difundir información.
32% de las víctimas de detenciones arbitrarias son particulares, 30% son periodistas o reporteros. Y 14% son trabajadores públicos, 9% son reporteros gráficos, 5% son conductores, 5% son trabajadores de la salud, 3% son camarógrafos y 2% miembros de Organizaciones No Gubernamentales (ONG).