El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) y Provea, dedicados a la defensa de los derechos humanos, rechazaron la salida de Venezuela de la Corte Penal Internacional (CPI).
A través de un comunicado, difundido este sábado, el CLIPP exigió que la Fiscalía de la CPI que continúe «sin dilación» la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde 2017 y preservarla durante un año, período que se necesita para que se formalice la salida de Venezuela del tribunal.
Además, pidió a los Estados aliados que respalden política y financieramente a la CPI, una solicitud que se da luego de que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunciara la semana pasada una campaña diplomática para «desmantelar» al tribunal y presionar a los aliados de Washington para que abandonen el organismo, al que acusa de inmiscuirse en asuntos estadounidenses.
Por su parte, Provea recordó que «Se mantienen las obligaciones de cooperación del Estado venezolano, incluido el cumplimiento de órdenes de captura que puedan hacerse públicas en el futuro».
A juicio del CLIPP, esta decisión es un «intento de cerrar una vía de justicia para proteger a responsables que aún ejercen el poder», al tiempo que subrayó que «al menos 500 personas siguen detenidas por motivos políticos y cientos de víctimas dependen de mecanismos internacionales para acceder a la verdad, justicia y reparación».
«Las denuncias de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y persecución llegaron a la Corte porque los tribunales nacionales no investigaron ni sancionaron a los responsables», aseguró el CLIPP.
Salida de la CPI
El viernes, el canciller de Venezuela, Félix Plasencia, anunció la decisión del Gobierno de renunciar al Estatuto de Roma, al considerar que la CPI actúa con un «sesgo» que concentra su labor de forma «desproporcionada» en países africanos y latinoamericanos, y responde a intereses ajenos a la justicia internacional.
Horas después, la presidenta encargada Delcy Rodríguez acusó a la CPI de acumular expedientes para agredir a los pueblos del «sur global», entre ellos Venezuela, por lo que reiteró la decisión de retirar definitivamente a su país de este organismo.
Por su parte, la CPI lamentó la decisión de Venezuela y le recordó que la renuncia no tendrá efectos inmediatos, ya que el país seguirá siendo parte del organismo durante un año, y mantendrá también sus obligaciones de cooperación con las investigaciones y procedimientos ya iniciados en los últimos años.
La Corte señaló que todavía no había recibido la notificación formal de la retirada a través de la Oficina de Tratados de Naciones Unidas, aunque subrayó que adherirse o abandonar un tratado internacional «sigue siendo un derecho soberano de los Estados».
Investigaciones
En 2018, la Fiscalía de la CPI abrió un examen preliminar sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela y, en 2021, inició una investigación formal que permanece activa.
En abril de 2022, Venezuela solicitó que se aplazara la investigación en favor de las actuaciones de sus autoridades nacionales, pero en junio de 2023 la Corte autorizó a la Fiscalía de la CPI a reanudarla al considerar que los procedimientos penales internos del país suramericano no reflejaban suficientemente el alcance de las pesquisas.
Aunque la Fiscalía cerró en diciembre pasado su oficina técnica en Caracas por la falta de «progreso real» en materia de complementariedad, dejó claro entonces que los investigadores de la oficina del fiscal en La Haya continuarán con las pesquisas.
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