Agencias | LA PRENSA DE LARA.- Rafael Narváez, exparlamentario, abogado penalista y defensor por los derechos civiles, rechazó la presunta «pretensión del Estado» de descalificar al fiscal de la CPI y la catalogó como una manera de «ocultar el incumplimiento» del documento de acuerdo y entendimiento firmado, en el que uno de los puntos establece el compromiso de contar con un sistema de justicia Imparcial que asumiera la investigación penal de los hechos ocurridos durante el 2017 y procesar a los responsables,& ;el principio contemplado en el Estatuto de Roma que establece que tanto el Estado venezolano como la CPI hagan la investigación pena , que el equipo técnico del fiscal de la Corte tenga acceso a los expedientes sin ninguna restricción, instalación de una oficina en Venezuela, el sistema de justicia venezolano solo ha procesado a oficiales de bajo rango desconociendo las competencias y alcances de la CPI quien solo investiga y procesa penalmente a jefes de Estados en ejercicio, militares de alto rango y funcionarios de gobierno de alto nivel.
«No es ético desde el punto de vista jurídico exigir el cumplimiento del debido proceso cuando en nuestro país el Art. 49 CRBV que establece el derecho a la defensa, la asistencia jurídica, presunción de inocencia, el derecho a ser oído, acceder a las pruebas y lo más grave es la suspensión de las audiencias en innumerables veces que constituyen un inmenso retardo procesar con denegación de justicia vulnerando sistemáticamente el debido proceso, las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y Crímenes de lesa humanidad aún esperan que los componentes del letal plan Zamora y su cadena de mando sean procesados penalmente»& ; expresó.& ;
A través de una nota de prensa, el abogado recordó que los crímenes de lesa humanidad no «prescriben» y que el sistema universal de los derechos humanos no concede privilegios a responsable de violaciones graves a los derechos humanos.
Información: Nota de prensa.& ;