LA PRENSA.- El Ministerio Público solicitó una medida de protección para la madre de Orlando José Figuera (22), quien el 20 de mayo de este año, fue golpeado, herido con arma blanca y quemado durante una manifestación en Altamira, municipio Chacao del estado Miranda.
El fiscal 48º del Área Metropolitana de Caracas, Dixon Zerpa, presentó el escrito ante el Circuito Judicial Penal de esa jurisdicción y los fundamentó en los artículos 24 y 25 de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, los cuales establecen la protección policial en su residencia y sitio de trabajo, así como otras medidas que se consideren pertinentes «a fin de evitar que se capten imágenes por cualquier mecanismo o para prevenir que imágenes tomadas con anterioridad se utilicen para identificar a las víctimas, testigos y demás sujetos procesales que se encuentren bajo el régimen de protección previsto en esta Ley (…)”.
Cabe recordar que el joven murió la madrugada del pasado 4 de junio en el Hospital Domingo Luciani, luego de varios días en delicado estado de salud.
El día en que Figuera fue agredido, se encontraba en las inmediaciones de la avenida sur de Altamira, cuando fue atacado por personas que le propinaron varios golpes, lo hirieron con arma blanca y, posteriormente, lo quemaron.
La investigación inició el día del suceso y, posteriormente, el fiscal del caso se trasladó al mencionado centro de salud para coordinar y supervisar la práctica de una prueba anticipada de la declaración de la víctima en terapia intensiva, además de realizar un informe psicosocial del joven y su familia.
Además, el Ministerio Público coordinó dos inspecciones técnicas en el sitio del suceso con fijaciones fotográficas, así como la colección de evidencia física y presencia de sustancias acelerantes, y de registros fílmicos de cuatro cámaras de seguridad.
También se realizaron entrevistas a testigos referenciales, la extracción de contenido de imágenes en diferentes páginas web luego de la pesquisa digital y el reconocimiento médico legal por parte de funcionarios forenses adscritos al Ministerio Público, quienes a su vez colectaron la historia médica de la víctima en el centro asistencial.
Adicionalmente, se efectuó la pesquisa para la identificación y aprehensión de los autores, el análisis de telefonía y las experticias de reconocimiento técnico y coherencia sobre el material audiovisual colectado.