Euseglimar González | LA PRENSA DE LARA.- Preguntas sin respuestas, ciudadanos que exigen se aplique la ley mientras las instituciones se mantienen silentes, son algunas de las condenas que hacen los juristas en Venezuela, quienes destacan que los organismos que deben velar por la defensa de los derechos humanos han perdido su independencia.
El Poder Ciudadano es la rama del Poder Público Nacional y tiene como deber la vigilancia de la defensa de los derechos y garantías constitucionales para las personas. Sin embargo, los juristas condenan que esta función no se está llevando a cabo y cada día se vulneran más los derechos de la gente.
Jorge Rosell, abogado y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, explicó que pudiese existir un proceso de desinstitucionalización, es decir, destrucción de las instituciones básicas y esto se muestra con las decenas de manifestaciones que hay en el país y, a su juicio, se deben a que las personas no tienen adónde acudir.
Para el abogado Rosell hay tres poderes básicos, el electoral, legislativo y judicial que son garantes que el Estado de derecho se cumpla, pero ve que en Venezuela estos siguen órdenes.
«Deben tener autonomía, los jueces no deben recibir órdenes para realizar sus funciones. La independencia del Poder Judicial es una garantía ciudadana, pero al no ocurrir estos deciden como le da la gana al oficialismo«, dijo el exmagistrado.
A su vez, el abogado, José Gregorio Zaa, concuerda y destaca que deben ser órganos descentralizados y que den una atención inmediata y oportuna, que les den respuesta a los ciudadanos ante cualquier vulneración de sus derechos.
Por ejemplo, en el estado Lara, la sociedad civil ha acudido desde el año 2020 a la Defensoría del Pueblo para exigir que Corpoelec informe sobre el cronograma de cortes eléctricos, pero esta institución no ha dado respuesta.
Lo mismo ocurre con las visitas de diferentes organizaciones a la sede de Hidrolara, pero hasta ahora ninguna comunidad ha recibido la respuesta oportuna.
Sin accionar
Zaa sostuvo que en el caso de los fiscales del Ministerio Público, se han «empecinado en no cumplir con su trabajo«, es decir, al momento en el que las personas acuden para denunciar cualquier vulneración de derechos, no hay atención.
Además, indicó que no hay capacidad técnica ni logística para manejar otras materias, como el caso de ambiente o penitenciaria.
«En el caso de materia ambiental carece de recursos y existe una mora. Mientras que en otras instancias, como responsabilidad del niño, niña y adolescente no hay una respuesta inmediata porque las denuncias rebasan y no hay una logística«, dijo.
Por último, recordó que la «justicia tardía no es justicia».
Alexis Ramos, abogado penal, describe este panorama como una grave crisis institucional que se ve al momento en el que se retardan los procesos.
«Hay una lentitud en las actuaciones para defender a las víctimas cuando son vulnerados sus derechos. Llama mucho la atención que cuando son noticias, crímenes y se le hace mención al Fiscal General de forma inmediata actúan, pero cuando es el ciudadano de a pie, lastimosamente no aceleran el mismo procedimiento de cuando el fiscal pide actuar«, comentó Ramos.
Ramos destacó que es oportuno la apertura en estas instituciones de mecanismos que agilicen las investigaciones para que si hay un delito, el responsable sea puesto a la orden de los organismos jurisdiccionales.