Agencias | LA PRENSA DE LARA.- Los juicios del periodista Roland Carreño y del profesor Javier Tarazona, director de la organización no gubernamental Fundaredes, comenzarán desde cero por la modificación de la competencia del tribunal que conocía los casos. Así lo informó el abogado Alonso Medina Rosa, director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, reseña El Nacional.
«Genera una afectación importante a cada uno de los detenidos, una afectación al debido proceso, un retardo procesal determinante en estos casos. Teniendo en cuenta que muchos de estos casos estaban próximos a la fase final del juicio, es decir, a la fase de conclusiones», expresó Medina.
El abogado advirtió que por la sustracción de competencia en materia de terrorismo al tribunal se deben iniciar cada uno de los juicios. Por esta razón, se genera un retardo procesal importante y una afectación al debido proceso, señaló en un video difundido en las redes sociales.
«Esta es una situación preocupante, alarmante y un acto administrativo, que podríamos catalogar con absoluto respeto, de nefasto desde el punto de vista procesal por las consecuencias que le generará a cada uno de los detenidos», dijo.
Carreño está detenido desde el 26 de octubre del 2020, acusado de ser el operador financiero de Voluntad Popular y de presuntamente distribuir fondos adquiridos de los activos venezolanos en el exterior para sumir a Venezuela en un conflicto político. Por eso, se le señala de conspirador y terrorista.
Su defensa ha denunciado que las autoridades le sembraron un fusil y un maletín con dólares en efectivo al momento de su detención. Esto ocurrió durante un supuesto operativo de la extinta Fuerza de Acciones Especiales en Caracas.
Javier Tarazona está preso desde 2021 y acusado de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria. El profesor y activista se dedicaba a investigar, documentar y denunciar las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela y la incursión de grupos armados irregulares al país.
Tarazona acudió el 2 de julio de ese año a una sede del Ministerio Público en la ciudad de Coro, en el estado Falcón. Quería denunciar que estaba sufriendo acoso y persecución por parte de policías regionales, oficiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y sujetos sin identificar.