Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Una estampida de dirigentes de oposición que se encontraban inhabilitados políticamente o huyendo de procesos penales, han retornado a Venezuela desde junio para inscribirse como candidatos a las elecciones del 21 de noviembre. En esta lista, también se incluyen a expresos políticos que han sido liberados en medio de una negociación entre Gobierno y oposición en México. Pero politólogos advierten que no todos los que han manifestado su intención de aspirar a un cargo público, han sido aceptados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que evidencia que las candidaturas se están escogiendo de acuerdo a los intereses del oficialismo en cada estado y municipio.
Francisco Castro, experto electoral y director de Súmate, aún recuerda con exactitud las palabras del presidente del CNE, Pedro Calzadilla, cuando convocó en abril el proceso de elecciones, asegurando que el Poder Electoral iba a revisar las inhabilitaciones políticas para que la oposición decidiera participar en los comicios. En la actualidad, dirigentes como Daniel Ceballos, que ha manifestado su intención de ser candidato a la Gobernación de Táchira, no se ha podido postular porque aparece en el sistema electoral como inhabilitado. Eduardo Samán, exministro de Comercio, respaldado por la Alianza Popular Revolucionaria, cuyos partidos son disidentes del Gran Polo Patriótico, también fue inhabilitado por la Contraloría General de la República sin tener opción a ser candidato a la Alcaldía de Libertador en Caracas.
«Ese anuncio conllevó a que un grupo de ciudadanos decidiera participar en las elecciones, aún con el chantaje de una consideración de esta naturaleza. En el país no existe ningún tipo de condiciones claras para estas elecciones, por eso se dan situaciones como que algunos dirigentes han sido habilitados y otros no, básicamente en la pretensión del Gobierno de querer definir una oposición a su medida. Nos encontramos ante una situación de indefensión del respeto al Estado de derecho», expresó.
Ana Milagros Parra, politóloga, sostiene que no hay garantías para que a los opositores que estaban exiliados o presos se les respeten sus derechos políticos como candidatos o aún siendo electos como gobernantes. «Tenemos un Estado que funciona a discreción de los que están en el poder. No hay una ley que les impida actuar de cierta manera, no hay límites ni contrapesos en el poder. Así que no hay ningún tipo de garantía para que se les respeten sus derechos políticos. Incluso, no hay ningún tipo de garantías en las elecciones como tal, que yo prefiero llamarlas eventos electorales, porque si somos realistas en ningún autoritarismo hay que esperar elecciones libres. Pero particularmente en Venezuela, las elecciones son instrumentales para el poder», exclamó.
Recordó que ya en el 2017 quedó claro cómo el oficialismo, a través de la extinta Asamblea Nacional Constituyente, permitió que algunos dirigentes opositores que resultaron electos ejercieran sus cargos porque se juramentaron ante este suprapoder, y quienes no lo hicieron, como Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia, no le permitieron gobernar en Zulia.
«El chavismo decide quien quiere que gane o quien no. Ellos toman esa decisión a discreción. En el caso de ganar, nadie les garantiza que a mediano o incluso a corto plazo les permitan gobernar como debe ser, y no tanto de ser perseguidos, sino por permitirles los recursos para cumplir con su gestión», alegó.
El politólogo, Doriam González, explicó que para estos comicios el Gobierno sólo ha dado ciertas garantías políticas, pero ha dejado de lado las garantías institucionales y legales.
«Las garantías políticas tienen que ver con habilitaciones de actores políticos o partidos. Las garantías institucionales que ha permitido Nicolás Maduro han consistido sólo en que el CNE esté conformado por dos rectores reconocidos de oposición como Roberto Picón y a Enrique Márquez, pero manteniendo el control con la mayoría de los rectores. Y hay garantías legales que no se están cumpliendo porque eso supondría que el CNE se apegue a lo que está establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en la Constitución de la República y en los tratados internacionales», comentó.
Estrategia
Según Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, el hecho que el CNE prorrogara en tres ocasiones el lapso de postulaciones de candidatos para estas elecciones que estaba previsto durara sólo 21 días en el cronograma electoral, es una estrategia que favorece al Gobierno, que a su criterio le conviene un mayor número de personas inscritas para lograr reconocimiento, y la dispersión del voto opositor. Según el CNE, se postularon 70.244 candidatos.
«En la medida que haya más candidatos distintos a los del Gobierno, mayor es la posibilidad de que el voto opositor se termine dispersando. Para el régimen es muy importante que se postule un número de personas porque eso es una muestra de que hay elecciones democráticas, que los resultados tienen que ser reconocidos como legítimos, porque todos tuvieron el derecho a participar. Pero la realidad es que hay una intención maliciosa detrás, que es el tema de generar una enorme dispersión del voto, como ocurrió el 6 de diciembre de 2020 en las elecciones parlamentarias», expresó.
En esos comicios, hubo más de 14 mil candidatos opositores, mientras que el Gobierno sólo inscribió 277. El resultado fue que el oficialismo arrasó con el 92% de los cargos, y la oposición sólo con el 8%. Algo similar puede ocurrir el 21N.