Agencias | LA PRENSA DE LARA.- El Gobierno de Estados Unidos y la gestión del presidente encargado, Juan Guaidó, han ratificado su compromiso para que el Gobierno de Nicolás Maduro «rinda cuentas por sus crímenes ante la justicia».
A través de un comunicado conjunto, publicado por el departamento de Estado del país norteamericano, esboza nueve «principios» a partir de los cuales basan su cooperación y continuarán haciéndolo en el futuro.
«Nicolás Maduro, el dictador ilegítimo venezolano y capo del narcotráfico, representa un peligro para la estabilidad de toda la región, no sólo de Venezuela», advirtieron ambas administraciones a través de un comunicado conjunto.
Con el objetivo de que Maduro se enfrente a la justicia, Washington y la administración interina de Guaidó subrayaron la importancia de seguir comprometidos «a frenar el transbordo de drogas a través de Venezuela, a prevenir el cultivo y consumo de drogas ilícitas, a combatir la corrupción endémica de los funcionarios del régimen y a impedir el lavado de dinero y las redes delictivas relacionadas con el comercio ilegal de productos básicos».
Tras una reunión celebrada el pasado 24 de noviembre con otros países sobre la lucha contra la delincuencia transnacional, el narcotráfico y otras actividades ilícitas, las partes detallaron en el comunicado conjunto los principales principios de cooperación acordados.
Entre ellos, «mejorar el intercambio de información sobre estupefacientes ilícitos; contrabando; minerales ilegales; trata de personas, incluidos los trabajos forzados, la delincuencia forzada, el tráfico sexual y el reclutamiento forzoso de niños en conflictos armados; y las tendencias e investigaciones sobre el blanqueo de dinero».
En esa línea, coincidieron en la necesidad de «continuar la cooperación regional» y mantener las sanciones «dirigidas a personas clave que participan en el tráfico de estupefacientes, el blanqueo de dinero y otras actividades delictivas para limitar sus movimientos internacionales y transacciones financieras».
En el marco de esta lucha contra la tiranía de Maduro, también hicieron hincapié «en la recuperación de activos robados» por parte del Ejecutivo Nacional.
Otro de los puntos acordados menciona «la necesidad de crear la capacidad de las autoridades competentes para mejorar la seguridad pública dentro de Venezuela y adoptar las medidas mencionadas contra el delito y la corrupción que han surgido en Venezuela debido a la falta de un estado de derecho bajo el presidente ilegítimo Nicolás Maduro».