Agencias | LA PRENSA DE LARA.- El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, comunicó el jueves 15 la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de expulsar a los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) de Venezuela, alegando «ataques exarcebados» contra el país. Se les otorgaron 72 horas a los 13 funcionarios para abandonar el territorio venezolano, suspendiendo además las actividades de la Oficina y anunciando una revisión de los acuerdos firmados en los próximos 30 días.
El canciller afirmó que la Oacnudh busca ejercer una especie de tutela sobre los poderes públicos venezolanos, lo cual considera inaceptable. Según él, la Oficina ha desviado su mandato al no responder por informaciones que, según él, no reflejan violaciones a los derechos humanos en el país. Calificó la decisión como administrativa y sostuvo que la labor de la Oficina debería centrarse en combatir los efectos de las sanciones y denunciar conspiraciones contra las autoridades venezolanas.
La Oficina de Cooperación Técnica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se estableció en Venezuela en 2019 tras una visita de la entonces comisionada Michelle Bachelet, con el propósito de investigar denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y brindar asistencia técnica al Estado para mejorar la situación en este ámbito. La colaboración entre esta instancia de la ONU y el gobierno venezolano se reafirmó el añ;o pasado con la visita del Alto Comisionado Volker Türk, quien denunció ejecuciones extrajudiciales y la detención de presos políticos.
El ministro Gil acusó a la Oacnudh de distorsionar hechos y prejuzgar acciones con mentiras, descalificaciones y manipulaciones sobre Venezuela, incumpliendo el mandato de la Carta de Naciones Unidas. Cuestionó si la Oficina defiende realmente los derechos del pueblo venezolano vulnerados por medidas coercitivas unilaterales y conspiraciones. Asimismo, hizo un llamado a respetar la legalidad internacional y expresó la disposición del gobierno de Maduro a colaborar con mecanismos de protección de derechos humanos, siempre desde un genuino respeto.
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