Euseglimar González | LA PRENSA DE LARA.- Con esperanzas, así se sienten las víctimas y las organizaciones de defensa de los derechos humanos, luego de que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitara formalmente a la Sala de Cuestiones Preliminares I su autorización para continuar con la investigación abierta sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El fiscal de la CPI recalcó que el aplazamiento que pidieron las autoridades de Venezuela no está justificado, por lo que pide que se reanude la investigación directa de la Corte Penal Internacional, contrario a lo que solicitó el gobierno de Nicolás Maduro.
«Después de una evaluación objetiva e independiente de una cantidad significativa de información proporcionada por Venezuela hasta la fecha, así como de otras fuentes creíbles, he concluido que el aplazamiento solicitado por Venezuela, en esta etapa, no está justificado y que se debe autorizar la reanudación de la investigación», dijo Khan.
Luego de este pronunciamiento, tanto defensores de derechos humanos como las víctimas aplaudieron este paso y están confiados en que la justicia llegue.
Para Rafael Narváez, abogado y defensor de derechos humanos, que la Sala de Cuestiones Preliminares autorice la investigación se debe al incumplimiento de un acuerdo entre el fiscal y el Estado que se firmó, pero que no ha sido dejado a un lado.
«El sistema de justicia se renovó, pero no es autónomo, independiente, no se ha procesado a los verdaderos responsables. El Tribunal Supremo de Justicia se renovó y sigue estando igual porque no ha procesado, no ha investigado y no ha citado a los jefes de los cuerpos de seguridad que participaron en el Plan Zamora por el que asesinaron a los manifestantes», sostuvo Narváez.
El abogado destacó que «ningún gobierno se investiga a sí mismo. La decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI, autorizando al fiscal, Karim Khan, reanudar investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela reafirma que la única esperanza es la CPI».
En el estado Lara los crímenes ocurridos durante las protestas de 2017 están «engavetados» y sus familiares piden justicia.
Un desafío
Para Marino Alvarado, coordinador de Provea, la continuación de la investigación de la CPI hacia Venezuela tiene algunos desafíos, uno de ellos es que a los que investigan se les vaya a bloquear la posibilidad de seguir accediendo a los expedientes; «pudieran las instituciones venezolanas comenzar a poner trabas y no permitir
