Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- La participación del presidente Nicolás Maduro en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), que se desarrolla en Egipto, ha causado estupor entre investigadores y defensores del ambiente, porque consideran que Venezuela está «raspada», en materia de políticas públicas que permitan mitigar y adaptarse al cambio climático. Aseguran que tampoco existen planes actualizados para reducir los gases de efecto invernadero, que alteran la temperatura del planeta.
La nación que en 1977 obtuvo reconocimiento mundial por crear el Primer Ministerio del Ambiente de Latinoamérica, hoy lidera la lista de los informes que detallan uno de las mayores devastaciones ambientales del mundo. María Gabriela Hernández, presidente de la comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional (2015), destacó que en octubre Venezuela salió reseñ;ada en el informe de la ONG Clima 21, al haber perdido en los últimos 21 añ;os 2.289.834 hectáreas de bosques, superficie equivalente a 47 veces el tamañ;o de la ciudad de Caracas.
«Somos el país de la Amazonía que con mayor rapidez y con mayor extensión estamos perdiendo bosques, que son esenciales para la conservación del bioma, pero la absorción de los gases de efecto invernadero, que es el principal objetivo del Acuerdo de París, firmado por el Estado Venezolano en 2015. Esta destrucción de bosques se da por todo lo que ha sido el Arco Minero del Orinoco, donde se practica minería no controlada y se utiliza mercurio, pero también por el sílice y el carbón que se explota en el estado Zulia», resaltó.
El 20 de septiembre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, sobre Venezuela, presentó un informe donde describen las violaciones sistemáticas de derechos humanos que se han cometido desde 2016 en el Arco Minero del Orinoco. Una extensión territorial de 113.597 kilómetros, equivalente a la mitad de la dimensión del estado Bolívar.
«La política minera del régimen, ha llevado a desplazamientos de comunidades indígenas completas, como el caso de la comunidad Waraos, que producto de la violencia en el Arco Minero del Orinoco, el 75% de esta etnia se encuentra en Brasil. La utilización del cianuro y el mercurio producto de la política minera ha contaminado el agua de parte del Caroní y el Caura. El primero nos proporciona electricidad a todos los venezolanos. Adicionalmente tanto La Misión de la ONU como la Fundación InSight Crime, han denunciado que los estados del sur de Venezuela tienen presencia de guerrillas como Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuya actividad fundamental es el tráfico de droga y la explotación del oro, que conlleva a la destrucción del ambiente y a la violencia desatada», reseñ;ó la parlamentaria.
Crimen petrolero
«Ese desastre en Las Tejerías estaba advertido desde hace más de un añ;o, el Inameh sabía que venía un periodo de lluvias fuertes, y que las comunidades más propensas a sufrir eran las que estaban a orilla de quebrada o en causes de los ríos», refirió.
