Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Según defensores de derechos humanos, desde el 21 de diciembre de 2021 cuando el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, informó que se iban a investigar los crímenes de lesa humanidad registrados en Venezuela al menos desde 2017, el Gobierno «ha implementado tácticas dilatorias» para intentar inhibirse de esta investigación. Incumpliendo con el memorándum de entendimiento firmado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en la segunda visita del fiscal a Venezuela el 31 de marzo de este añ;o.
«Los procesos de investigación de crímenes de lesa humanidad son demasiado lentos y no actúan en el momento indicado, un ejemplo es el de Chile con Augusto Pinochet, cuya dictadura culminó en 1990 y fue en 1998 cuando fue arrestado por la CPI a sus 82 añ;os, en Londres. Lo mismo ha pasado con otros gobiernos que han cometido atrocidades contra su población y no han sido juzgados de manera efectiva», expresó Manuel Virgüez, coordinador de Movimiento Vinotinto.
Considera que este tribunal internacional debe lograr mecanismos más expeditos para aplicar justicia. Desde el 21 de abril, el fiscal de la CPI anunció que solicitaría a los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares la autorización para seguir con el proceso de investigación en Venezuela, según establece el Estatuto de Roma. Desde la fecha, esa Sala que es un tribunal no se ha pronunciado.
«La última vez que Karim Khan vino a Venezuela y firmó un documento de entendimiento se establecieron unas cláusulas para exigirle al Estado que el sistema de justicia sea transparente, autónomo, independiente y renovado. Y que tomando en cuenta esos principios que en el Estatuto de Roma se denomina principio de complementariedad, que significa que las partes pueden investigar cada una por su lado, sin entorpecer las investigaciones. En esa cláusula de acuerdo de entendimiento hay una importante que dice que el sistema de justicia venezolano debe permitir a los técnicos de la CPI tener acceso a los expedientes. Ese acuerdo no se ha cumplido en Venezuela», explicó el defensor de derechos humanos, Rafael Narváez.
En ese memorándum de entendimiento, también se acordó que la CPI iba a abrir una oficina en Venezuela que no se ha concretado. «En Venezuela no han permitido, como se acordó en el tratado de entendimiento firmado por Karim Khan y el jefe del Estado, que se instale la oficina de la CPI. Eso no lo han permitido, pero aún así las víctimas conseguirán justicia, «porque no van a poder ocultar todos los crímenes horrendos», exclamó Rafael Narváez, quien exige que los dos recientes informes que presentó la Misión Independiente de determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, en donde se explica los mecanismos de torturas aplicados por la Dgcim y el Sebin, y se identifica a la cadena de mando responsable de los crímenes de lesa humanidad, se consignen al fiscal Karim Khan para sustanciar la investigación de la CPI y darle celeridad.
Manuel Virgüez señ;ala que actualmente los familiares y víctimas en Venezuela desconocen si sus casos están siendo investigados por el sistema de justicia nacional.
