• En cifras, entre el 36 y 40% de quienes tienen un negocio en Venezuela, pagan impuestos. Eso quiere decir que la informalidad ronda el 60%.
• Una solución que plantean los gremios y empresarios es que se cree una nueva arquitectura tributaria y eso es posible sólo cumpliendo los artículos 316 y 317 de la Constitución.

La economía de Venezuela tiene tres necesidades prioritarias: reconstruir las zonas afectadas por el doble terremoto, atraer inversión y permitir que las empresas paguen una carga fiscal que no comprometa su rentabilidad, para que puedan reinvertir en tecnología, aumentar su tamaño y producir más. Pero para lograr eso, las cúpulas empresariales (Fedecámaras, Conindustria y Consecomercio), han solicitado al Estado que se cree una nueva arquitectura tributaria.

José Gregorio Rodríguez, presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), argumentó que el sistema tributario venezolano está pensado para un país monoproductor (petrolero), pero es necesario incentivar a otros sectores económicos.

En cifras, entre el 36 y 40% de quienes tienen un negocio en Venezuela, pagan impuestos. Eso quiere decir que la informalidad ronda el 60%.

Dependiendo del tipo de empresa, la carga fiscal (el total de impuestos, tasas y contribuciones obligatorias) representa entre el 57 y el 61% de la capacidad operativa. Es decir, más la mitad del dinero, tiempo y recursos que produce una empresa, se va en pagarle al fisco, cuando en Sudamérica la carga fiscal tan sólo representa entre 30 y 35%. Por eso, el sector privado en Venezuela es menos competitivo que el resto del hemisferio.

Quienes cumplen con sus obligaciones formales tienen una sobrecarga fiscal que los empuja a mantenerse en una disyuntiva: entre estar buscando siempre la manera de cómo sobrevivir, o cómo bajar la santamaría y seguir operando desde la clandestinidad».

Cumplir la ley

Una solución que plantean los gremios es que se cree una nueva arquitectura tributaria y eso es posible sólo cumpliendo los artículos 316 y 317 de la Constitución.

«Allí se establece que el sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del contribuyente (quien gana más, paga más). Que atienda al principio de la progresividad; es decir, en la medida que aumentas tus ingresos vas escalando a posiciones de mayor contribución. Tercero, que ningún tributo pueda tener efecto confiscatorio, que no invada el patrimonio de la empresa; que permita generar riqueza y, sobre todo, que no perturbe el crecimiento económico». Así lo explicó José Gregorio Rodríguez, presidente de Consecomercio.

Insistió en que se debe avanzar hacia un sistema tributario que permita generar más empleos y pagar mejores salarios. Mientras que el Estado debe ser cada vez más pequeño, pero eficiente y utilizar la recaudación en lo necesario: inversión en educación, salud, seguridad ciudadana y promoción de las inversiones.

Resaltó que la cartera de crédito representa tan sólo el 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en Latinoamérica el crédito ronda entre el 40 y 50% del PIB. «Sabemos que recuperar el crédito llevará tiempo, por eso es urgente mejorar el flujo de caja de las empresas, a través de una nueva arquitectura tributaria», mencionó.

¿Qué debe cambiar?

Las cúpulas empresariales han escuchado a las cámaras regionales y allí las principales propuestas se centran en que se debe crear un proceso automatizado de recaudación tributaria, que sea sencillo, fácil y eficaz.

Los gremios demandan una plataforma tecnológica en la que estén integrados los órganos de la administración pública: Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), etc. Con un modelo de gestión menos oneroso y con menos burocracia.

«Una nueva arquitectura tributaria nos referimos a que las empresas pierden demasiado tiempo y recursos en trámites y gestorías. Eso hay que digitalizarlo a través de sistemas que permitan gestionarlo todo desde una oficina o plataforma, eliminando colas y destrabando procesos», opinó Juan Pablo Pérez, especialista en gerencia tributaria y vicepresidente de la Cámara de Comercio del estado Lara.

El cumplir al día con todos los requerimientos tributarios, multiplica el trabajo de las empresas. Susana Apóstol, especialista en derecho tributario, señaló que un contribuyente calificado como Sujeto Pasivo Especial, debe realizar más de 200 declaraciones tributarias al año. Eso es un gran tiempo de trabajo invertido.

Apóstol: Se necesitan empresarios prósperos

Un país necesita empresarios prósperos. «Tiene que haber margen de holgura que permita reinvertir en el negocio, generar empleo y contribuir al desarrollo social». Así lo sostiene Susana Apóstol, especialista en derecho tributario.

Explicó que en Venezuela existe un límite de utilidad fijado por ley del 30% sobre el costo. Sin embargo, al calcular el impacto de la presión tributaria, estos pueden llegar a superar ese porcentaje. «El tributo no debe lesionar la capacidad contributiva y además debe ser progresivo (quien tiene más ingresos paga un porcentaje mayor de impuestos), para poder volver a invertir», señaló.

Para los empresarios, el impuesto de Actividad Económica Municipal pesa mucho, porque se calcula sobre los ingresos brutos de una empresa.

«Una alícuota del 3% sobre el ingreso bruto puede equivaler en la práctica al 17% de la utilidad real de la empresa, dependiendo de su estructura de costos», comentó.

Más contribuyentes

La propuesta fundamental que hicieron las cúpulas empresariales al Estado es que Venezuela necesita aumentar la recaudación tributaria para sostener los compromisos y la reconstrucción del país, pero bajando la carga tributaria.

Por eso consideran que la declaración del IVA debe pasar de 15 días a 30. Eso daría mayor flujo de caja a las empresas.

«La Ley del IVA dice que su declaración debe ser mensual, no quincenal», resaltó Susana Apóstol, especialista en derecho tributario y asesora de la Cámara de Comercio del estado Lara.

Consecomercio también señala que las retenciones del Impuesto Sobre La Renta (ISLR), en vez de ser el 75%, pudiera ajustarse al 50 o 25%. En reunión que tuvieron con el nuevo presidente del Seniat, Román Maniglia, el 21 de julio, afirmaron que los porcentajes actuales de retención anticipada comprometen severamente la operatividad diaria de los comercios.

A su vez, exigen suprimir el Impuesto de Grandes Transacciones Financieras (IGTF), que cobra 3% sobre los pagos realizados en monedas extranjeras o criptomonedas. En un país en donde los precios de los productos se fijan y se pagan en dólares, el IGTF es considerado un impuesto altamente inflacionario y regresivo.

Sobre los impuestos municipales, refieren que se debe evitar que el pago de un tributo o servicio local, prele sobre el cumplimiento de otro. Por ejemplo, en el municipio Iribarren, estado Lara, si un contribuyente no paga el servicio del aseo urbano, la hacienda municipal no le permite cancelar el Impuesto de Actividad Económica.

«Hay que cambiar ese trámite en los 335 municipios del país, pues un tributo o tasa no debería prelar sobre la obligación de pagar otro», exclamó Juan Pablo Pérez, especialista en gerencia tributaria.

«CAMBIOS TRIBUTARIOS PUEDEN DARSE RÁPIDO»

José Gregorio Rodríguez, presidente de Consecomercio, sostiene que cuando hay voluntad política las reformas de las leyes se pueden hacer rápido. Y el mejor ejemplo fue la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada en la Asamblea Nacional en tiempo récord. 

«¿Por qué los inversionistas extranjeros solicitaron una revisión de la legislación de hidrocarburos? Porque se tradujo en una disminución de las contribuciones fiscales para permitirles invertir en exploración, perforación y comercialización, generando ganancias tanto para ellos como para el Estado», expresó.

Explicó que para mejorar la recaudación tributaria no se necesitan grandes reformas que tomen mucho tiempo. Por ejemplo, pasar de la declaración del IVA de 15 a 30 días no requiere una reforma de la ley, sino de una providencia administrativa.

Disminuir la retención del ISLR del 75 al 50 o 25% también es un trámite administrativo. Modificar la dinámica de los anticipos de ISLR o ajustar la alícuota del 9% de la Ley de Pensiones, que lo consideran muy alto, se ejecuta mediante un decreto ejecutivo.

«No todo tiene que esperar años. Hay ajustes de mero derecho que pueden aliviar el flujo de caja comercial de forma inmediata», opinó.

Aportes Parafiscales

Juan Pablo Pérez, especialista en gerencia tributaria, señala que en Venezuela debe hacerse una revisión de los aportes parafiscales, porque la mayoría no se traducen en tener mejores servicios.

«El problema de fondo con las contribuciones parafiscales es la falta de retribución. Los pagos al Seguro Social no se traducen en una mejor atención médica; los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV), antigua Ley de Política Habitacional, no se traducen en tener acceso a un crédito hipotecario para adquirir viviendas, porque eso desapareció», aseveró.

La Prensa de Lara es un medio de comunicación regional comprometido con la verdad, la investigación y el periodismo de calidad. Sigue nuestro día a día en la web y redes sociales, y adquiere nuestra versión impresa cada lunes, miércoles y viernes en los principales puntos de venta de la región.