Reuters | LA PRENSA DE LARA.- La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y varios países miembros condenaron el miércoles la detención por parte del gobierno de Venezuela de dos barcos pesqueros guyaneses y pidieron la liberación de sus tripulantes, que se encuentran presos en territorio venezolano.
La petición se da en el marco de la disputa territorial que mantienen Guyana y Venezuela por una franja selvática al oeste del río Esequibo que es rica en oro, diamantes, madera y otros recursos naturales.
El miércoles, durante una reunión virtual de la OEA celebrada a petición de Guyana, países como Estados Unidos, Brasil o Canadá hablaron a favor de Guyana y denunciaron la detención de las embarcaciones.
Gustavo Tarré, el representante del líder opositor venezolano Juan Guaidó en la OEA, dijo que rechaza cualquier acción de agresión y que aboga por la vía pacífica para resolver el conflicto territorial pero que la Corte Penal Internacional no es el mecanismo adecuado para lograrlo.
La Corte anunció en diciembre que tomará el caso y decidirá en la disputa, pero el presidente venezolano Nicolás Maduro ha rechazado la intervención de ésta.
Tarré dijo el miércoles que una decisión de la Corte no sería «un arreglo práctico ni mutuamente satisfactorio».
«Venezuela no puede aceptar y lo ha reiterado en numerosas ocasiones, que una de las partes pueda verse arrastrada por la otra ante un mecanismo de esta naturaleza», dijo el venezolano.
El embajador de Guyana ante la OEA, Riyad Insanally, respondió que había quedado «perplejo» ante las palabras de Tarré y le acusó de unir posiciones con Maduro.
«Esta actitud es más que irónica. Está fuera de lugar y es directamente ofensiva», dijo dirigiéndose a Tarré, a quien criticó por hablar en la reunión ya que Tarré no representa al gobierno de Venezuela.
En Venezuela, un país profundamente dividido por su crisis política, el reclamo territorial del Esequibo es una de las escasas fuentes de unidad nacional.
El gobierno de Maduro sostiene que las dos embarcaciones fueron detenidas el 21 de enero en un área bajo su jurisdicción. La zona de la detención está supuestamente en la zona en disputa. La cancillería venezolana catalogó como& ;»falsas» y «difamatorias»& ;las acusaciones del gobierno de Guyana.
La barcos, identificados como «Nady Nayera» y «Sea Walf», ejercían labores de «pesca ilegal en aguas de plena soberanía y jurisdicción de Venezuela, sin contar además con ningún tipo de documentación», señaló la cancillería.
Por su parte, el gobierno de Georgetown denunció que una embarcación militar venezolana, que se encontraba «ilegalmente» en la zona económica exclusiva de Guyana, «interceptó, abordó y se apoderó» de las embarcaciones pesqueras.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, dijo el miércoles que «tomar veleros en la zona económica exclusiva definitivamente no es la manera de resolver esto».
«Y definitivamente el respeto a la integridad territorial pasa por el respeto a los mecanismos internacionales para resolver disputas», agregó Almagro.
La disputa territorial con Guyana se remonta al siglo XIX. El arbitraje de un tribunal internacional en 1899 trazó la frontera entre los dos países sudamericanos y favoreció principalmente a Guyana, entonces una colonia británica.
Desde 2015, Venezuela y Guyana repetidamente han enfrentado fricciones como consecuencia de las exploraciones petroleras que realiza una subsidiaria de la estadounidense Exxon Mobil por decisión del gobierno de Georgetown en parte del área en disputa.
Este mes Maduro exhortó al secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a renovar sus buenos oficios para reactivar el diálogo bilateral. Maduro argumenta que la intervención de la Corte Penal Internacional desconoce el Acuerdo de Ginebra de 1966, por el cual Reino Unido y Venezuela convinieron en buscar una solución práctica y pacífica a la disputa territorial bajo el auspicio de las Naciones Unidas.
Guterres declaró en 2018 el fracaso de décadas de esfuerzos de mediación. Un par de meses después Guyana solicitó la intervención de la Corte Penal Internacional.