EFE | LA PRENSA.- La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó este sábado de “irrelevantes” e “ilícitas” las sanciones que Canadá anunció contra 40 funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, incluido el mandatario, y que fueron nuevamente rechazadas por la Cancillería.

“Irrelevantes e ilícitas sanciones (del) gobierno canadiense solo evidencia concierto criminal con la derecha fascista y extremista (de) Venezuela”, dijo Rodríguez en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter.

En esta misma red social, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, reiteró este sábado su rechazo a las medidas del gobierno canadiense y dijo que es “inaceptable” la “subordinación” de Canadá al gobierno “de EEUU al pretender imponer sanciones unilaterales contra ciudadanos venezolanos”.

Tanto Rodríguez como Arreaza publicaron sus mensajes acompañados del comunicado que ayer difundió la Cancillería venezolana en rechazo a las sanciones “inamistosas y hostiles” de Canadá.

El Gobierno de Canadá anunció este viernes la imposición de sanciones contra Maduro y figuras claves de su Gobierno “para enviar un claro mensaje” acerca de “que su comportamiento antidemocrático tiene consecuencias”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores canadiense explicó que las sanciones afectan a “figuras claves” del régimen de Maduro que son responsables “del deterioro de la democracia en Venezuela”.

En un comunicado, el Gobierno de Venezuela dijo que estas “ilegales sanciones” vulneran los principios de “la Carta de la OEA (Organización de Estados Americanos), del derecho internacional y de las normas que deben regir las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados”.

La lista de personas afectadas por las sanciones incluye 40 nombres encabezados por Maduro, Tibisay Lucena, presidenta del Poder Electoral; Elías Jaua, ministro de Educación; Tareck el Aissami, vicepresidente ejecutivo, y Tarek Saab, fiscal general.

También incluyen al constituyente Diosdado Cabello, un personaje de la política venezolana a quien Estados Unidos ha relacionado en varias oportunidades con el narcotráfico.

Las sanciones imponen la congelación de activos y la prohibición de que individuos en Canadá y canadienses fuera del país mantengan relaciones económicas con los afectados.