LA PRENSA.- El movimiento hecho por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York para solicitar una segunda audiencia curcio en relación al pago de la defensa de los sobrinos presidenciales, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, es un paso indispensable para que el gobierno de los Estados Unidos pueda blindar el caso ante posibles y futuras apelaciones de la defensa.
En EE UU, la ley otorga a los acusados el derecho a estar informados de las implicaciones que pueden traer consigo que una misma persona pague las dos defensas. Particularmente, en este caso, el hecho de que el benefactor tenga intereses ligados al Estado venezolano (Pdvsa) genera dudas razonables sobre la naturaleza de la ayuda, las implicaciones y las verdaderas razones con las que actúa el benefactor, lo cual se constituye en un abierto conflicto de intereses.
El fiscal Preet Bharara quiere dejar claro que los acusados entienden la esencia del conflicto planteado, especialmente por los intereses expresados por su benefactor Wilmer Ruperti en la entrevista de The Wall Street Journal.
Ruperti señaló para el diario estadounidense que pagaba la defensa de los sobrinos Flores porque estaba preocupado por la tranquilidad de la familia presidencial. «Es necesario que el presidente mantenga la calma. Estoy ayudando a preservar el gobierno constitucional», agregó.
En la solicitud, la Fiscalía resalta la afirmación del empresario venezolano: «La acusación que se les atribuye a los sobrinos presidenciales y a otros funcionarios venezolanos forman parte de una conspiración gigante para ayudar a la oposición. Hay un intento de etiquetar a Venezuela como un narcoestado”.
El gobierno norteamericano tiene claro que Ruperti recibió un contrato millonario de Pdvsa, una semana antes de que decidiera hacer público que es él quien cancela la defensa de los dos acusados de delitos de narcotráfico.
La Fiscalía sometió a consideración del juez una copia de una nota de prensa en la que la empresa Maroil Trading Inc, propiedad del benefactor de Campos Flores y Flores de Freitas, recibió un contrato de 138 millones de dólares.
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