- El costo de la canasta alimentaria familiar en Venezuela ascendió a 755,36 dólares en agosto, de acuerdo con el Cendas.
- Frente a este monto, el salario mínimo legal congelado desde 2022 apenas cubre el 0,02 % de los productos básicos.
Una familia de cinco integrantes en Venezuela requirió 755,36 dólares durante el mes de agosto para cubrir exclusivamente sus necesidades de alimentación. De acuerdo con estimaciones presentadas por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación de Maestros (Cendas-FVM), esta cifra representa un alza del 3,77 % en comparación con julio, mes en el que el costo del mismo grupo de productos se situó en 727,89 dólares.
A través de un comunicado de prensa, la institución detalló que la canasta alimentaria está integrada por 60 productos esenciales. Frente a este gasto, el salario mínimo mensual asignado en el país representa únicamente el 0,02 % de la cobertura requerida.
Canasta alimentaria frente a un salario pulverizado
En el marco legal, la Constitución venezolana estipula que todo trabajador «tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales». No obstante, la «brecha entre los ingresos legales y el costo de la vida se mantiene en niveles críticos», advirtió el Cendas, al señalar que el salario mínimo, así como la pensión, se mantiene congelado en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022.
Frente a la congelación del sueldo base, la política salarial de la administración pública en los últimos años se ha enfocado en el otorgamiento de dos bonificaciones a los empleados del sector estatal. Estos pagos representan actualmente un total de 240 dólares liquidados en bolívares a la tasa oficial del BCV, aunque no poseen incidencia en el cálculo de prestaciones ni beneficios laborales.
Ante esta situación, agrupaciones del sector educativo, dirigentes sindicales y diversas organizaciones no gubernamentales han mantenido movilizaciones de protesta de forma constante. Dichos sectores exigen un ajuste por parte del Estado al salario mínimo formal, dado que este parámetro determina las escalas remunerativas de la administración pública.
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