LA PRENSA de Lara | Agencias.- La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicó hoy un duro informe sobre las «graves violaciones a los DD.HH» acontecidas en Venezuela.
La chilena insta al Gobierno nacional adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país.
En el documento, que se elaboró a petición del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se afirma que en el último decenio& ;-y especialmente desde 2016- el Gobierno de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia «orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno«.
Un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el Poder& ;Ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos. En el trabajo, se destaca la repercusión de la profunda crisis económica, que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos, entre otros.
El informe de la Oficina advierte que, si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país, y empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él.
El informe se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, en Venezuela y otros ocho países, así como en otras fuentes, y abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitó el país del 19 al 21 de junio y sostuvo entrevistas con una amplia gama de figuras políticas, desde Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno nacional, hasta el Presidente encargado Juan Guaidó, así como con miembros de la sociedad civil, empresarios, profesores y otros interesados, y también con víctimas y sus familiares. Tras la visita, un equipo de dos oficiales de la Oficina permaneció en el país, en el marco de un acuerdo que les permite prestar asesoramiento y asistencia técnica, y monitorear la situación de derechos humanos.
«Durante mi visita a Venezuela, pude conocer directamente los relatos de quienes han sido víctimas de la violencia del Estado y sus peticiones de justicia. He transmitido con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, así como las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, a las autoridades competentes», declaró la Alta Comisionada Bachelet.
Bachelet detalla la «paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década«. En el período que abarca el informe, «tanto a fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los períodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones».
La ex mandataria chilena, además, apunta contra los grupos armados civiles del chavismo conocidos como «colectivos«, y afirma que «han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones«. El informe asegura que la Oficina para los DDHH de la ONU ha documentado 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 «son atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos».
«La proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales ha sido sorprendentemente elevada», denuncia el informe. En 2018 el Gobierno de Maduro registró 5.287 muertes, supuestamente por «resistencia a la autoridad«, en el curso de esas operaciones. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio chavismo. Sin embargo, señala el documento, «otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores«.
Fuente informativa: Infobae